El Congreso de la Ciudad de México pidió a los partidos políticos locales y nacionales a que, de manera previa a la designación de candidatos a puestos de elección popular, realicen una exhaustiva revisión de sus historiales a efecto de conocer si enfrentan cargos por violencia contra las mujeres, adolescencias e infancias u omisiones ante sus responsabilidades familiares.
También solicitó a todos los partidos políticos, nacionales y locales, sensibilizar y capacitar a sus militantes en materia de prevención, atención y sanción a la violencia de género y masculinidades, no hegemónicas y no violentas.
En un punto de acuerdo la diputada Ana Francis López Bayghen Patiño (MORENA), afirmó que se pretende inhibir conductas que contribuyan a la cultura patriarcal que fomentan la desigualdad estructural entre hombres y mujeres.
Como son la violencia familiar y/o doméstica, la violencia sexual, el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, porque estas conductas afectan, en forma desproporcionada, a las mujeres.
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La legisladora recalcó que a pesar de que el INE, en 2020, publicó una serie de lineamientos para que partidos políticos, previnieran, atendieran, sancionaran, repararan y erradicaran la violencia política contra las mujeres en razón de género; en las redes sociales y notas periodísticas se siguen encontrando casos de representantes populares con antecedentes de violencia.
Refirió que los lineamientos incluyeron un capítulo tres de tres contra la violencia, en el cual los partidos políticos estarían obligados a solicitar a las y los aspirantes a una candidatura, la firma de un formato de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde se establecía que no habían sido condenados o sancionados por violencia familiar o doméstica, por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal.
Además, señalaba que no podrían ser candidatas o candidatos, las personas que hayan sido sancionadas como deudores alimentarios, morosos, salvo que acreditasen estar al corriente del pago o en la cancelación de la totalidad de la deuda.
“Contar con personas servidoras públicas violentas, y/o irresponsables ante sus compromisos familiares, les hace infractores de la ley, además de que resulta incongruente y no ético poner a estas personas en puestos de representación o ejercer cargos públicos”, acotó.
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