Es urgente que el Estado mexicano garantice el retorno a Tierra Blanca Copala, Oaxaca de las 143 familias indígenas triquis , en un ambiente de paz y concordia, ante la inacción del gobierno de Alejandro Murat en Oaxaca”, consideró el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”.
El abogado José Antonio Lara Duque manifestó que ante la inacción del Estado mexicano, ya se trabaja en una petición formal a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y a la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (Onudh) para que acompañen el caso y garanticen los derechos como integrantes de un pueblo originario mexicano.
Asimismo, el activista señaló que el Estado mexicano debe evitar atropellar las garantías de las personas que integran la comunidad indígena Triqui, que de manera pacífica se manifestaba frente al palacio de Bellas.
El integrante de la organización explicó que el grupo de Triqui instaló su protesta en la plancha del Zócalo, luego fueron removidos hacía Eje Central; más tarde, el campamento fue ubicado sobre la avenida Juárez.
Recordó que a principios de enero de 2021, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador respondió en una de sus tradicionales conferencias de prensa que, el gobierno federal habría de ayudar a pacificar la zona, que básicamente es considerada de guerra, con la intervención de la Secretaría de Gobernación, que dirigía en aquel entonces Olga Sánchez.
“Las personas de la comunidad de Tierra Blanca Copala, en Oaxaca, fueron expulsadas de sus viviendas en diciembre de 2020 tras diversos actos de violencia que se desarrollaron en aquella entidad oaxaqueña; de esta forma, los integrantes de la comunidad decidieron desplazarse hacía la capital del país para solicitar el apoyo del presidente López Obrador y recuperar sus viviendas y tierras”, dijo.
El abogado afirmó que, pese a que el presidente López Obrador aún no los ha recibido para escucharlos; el trabajo de la oficina de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que dirige Alejandro Encinas Rodríguez, no ha logrado pacificar esta zona del país, para garantizar un regreso seguro a la comunidad.
Lara Duque lamentó que el pasado lunes, un contingente de la policía capitalina desalojó a los integrantes de la comunidad y los trasladó a un “supuesto” refugio en la zona de la alcaldía Gustavo A Madero, sin su consentimiento.
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“Los agarraron por sorpresa, destruyeron el campamento y, luego, en el predio al que fueron trasladados, los aprisionaron con el pretexto de que en ese lugar estarían más seguros; esto simplemente es re-victimizar a las personas, de por si, ya desplazadas de manera forzada”, dijo.
CARAVANA POR EL AGUA REPUDIA DESALOJO
Los integrantes de la Caravana por el Agua y por la Vida: Pueblos Unidos Contra el Despojo, realizaron una denuncia pública al Gobierno de la Ciudad de México, por las agresiones de las familias desplazadas de la comunidad Triqui de Tierra Blanca, Oaxaca, que estaban instalados en un campamento
En su Pronunciamiento recordó que desde hace 13 meses mantenían el plantón, para demandar la posibilidad del regreso a su lugar de origen.
Y citó que su situación de vulnerabilidad por desplazamiento forzado fue incluso reconocido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (recomendación 36/2022). Lo que las autoridades llamaron “reubicación” fue desalojo a un predio en condiciones deplorables, que atentaba contra su seguridad y dignidad.
Destacó que una comisión de la Caravana por el Agua y por la Vida: Pueblos Unidos contra el Despojo, integrado por personas de diferentes comunidades indígenas y observadores de medios nacionales e internacionales, acudió a solidarizarse con la comunidad Triqui. Sin embargo, a partir de las 12 pm del día 25 de abril, les fue impedida la salida por centenares de elementos del supuestamente extinto cuerpo de granaderos.
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