Piden en Edomex eliminar uso de efectivo en pago del pasaje en transporte público

Afirma dirigente transportista que el gobierno estatal debe instrumentar un programa de combate a las unidades irregulares

Rubén Pérez | La Prensa

  · miércoles 10 de enero de 2024

Foto: Cámara de Autotransporte, Pasaje y Turismo del Estado de México

El presidente de la Cámara de Autotransporte, Pasaje y Turismo del Estado de México, Odilón López Nava, afirmó que para frenar la voracidad de la delincuencia en el transporte público es necesario impulsar la eliminación del uso de efectivo en el pago del pasaje.

Luego de participar con autoridades estatales en la primera reunión de seguridad del año, el dirigente transportista mencionó que esta propuesta no sólo transparentaría las operaciones en las empresas del sector, sino que constituiría una estrategia de combate a la inseguridad que afecta al transporte público.

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En entrevista con medios de información, dijo que el gobierno del Estado de México debe combatir al transporte irregular, tras recordar que desde hace años han estado insistiendo en la regulación de las unidades que prestan un servicio de suma importancia para la sociedad.

Agregó que el tema del transporte “pirata” ha sido puesto en primer plano como uno de los problemas que más afecta a la Cámara de Autotransporte, Pasaje y Turismo del Estado de México, y que se ha hecho énfasis ante las autoridades estatales y federales, “pero que hasta el momento se ha ignorado”.

Subrayó que en torno a este sector existen una serie de propuestas encaminadas a ofrecer un mejor servicio a la población, entre ellas, concretar un enfoque integral para blindar el transporte, a través de la revocación de concesiones y el retiro de circulación de vehículos que no cumplan con los requisitos necesarios.

“Lo que queremos es que se detecte todo vehículo que pueda estar afectando delincuencialmente a la población; en algunos casos, son estos transportistas que viven en el mundo subterráneo, entre otros entes”, afirmó Odilón López Nava.

Se pronunció también por que el servicio cuenta con una operación transparente, en la que incluso se le pueda poner rostro, nombre y apellido a los conductores de las unidades.

Foto: Cámara de Autotransporte, Pasaje y Turismo del Estado de México

Por ello, reiteró que el servicio pueda liberarse de los pagos en efectivo, con el fin de cambiarlos por esquemas de movilidad modernos que no representen un riesgo para la población.

El presidente de la Cámara de Autotransporte, Pasaje y Turismo del Estado de México se refirió también a los recientes conflictos en el sur de la entidad, donde un grupo de alrededor de 400 taxistas de Sultepec exigían el cese de los operativos de revisión implementados por las autoridades estatales.

En estas acciones se detectaron al menos a dos personas que fungían como “Halcones”, en un ambiente en el que grupos delictivos tienen presencia. Ante esto, el dirigente transportista apuntó que es clara la operación de unidades irregulares y la abierta ilegalidad con la que se brinda el servicio.

En este sentido, López Nava respaldó las acciones del gobierno mexiquense, al subrayar la importancia de garantizar la movilidad segura y justa para la población que depende del transporte.

No obstante, se pronunció por no bajar la guardia y mantener los operativos, mediante un trabajo continuo para erradicar esta problemática, además de que hizo un llamado para que la ciudadanía colabore denunciando hechos que puedan constituirse en delitos.

En la reunión de seguridad celebrada en la capital del estado, organizada por la Cámara de Autotransporte, Pasaje y Turismo del Estado de México, estuvieron presentes la subsecretaria de Seguridad Pública del Estado de México, Yuriria Torres Páez; la fiscal regional de Toluca, María Elena Corral Huitrón; el director de Seguridad Pública de Toluca, Eduardo González.

Finalmente, López Nava mencionó que en el encuentro hubo coincidencia en la necesidad de trabajar conjuntamente para mejorar las condiciones de la ciudadanía en sus traslados, en el marco de un programa de reordenamiento, solicitado desde gobiernos anteriores.

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