La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que la población de niñas, niños y adolescentes (NNyA) de 5 a 17 años ocupados en la Ciudad de México fue de 52 mil 275; 32% lo hizo por debajo de la edad permitida (15 años) mientras que el 57% trabajó en actividades peligrosas.
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En relación con lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) reitera su preocupación por la modificación del numeral 8, fracción II del Artículo 176 de la Ley Federal del Trabajo, publicada en abril del año pasado, que elimina la prohibición absoluta que existía del trabajo infantil de personas adolescentes entre 15 y 17 años en las actividades agrícolas, forestales, de aserrado, silvícolas, de caza y pesca, lo que genera incentivos para que las y los adolescentes continúen participando en estos trabajos precarizados, peligrosos e inapropiados para su desarrollo.
La CDHCM insiste en la obligación reforzada que tiene el Estado mexicano para garantizar que todos sus actos se realicen en observancia plena del principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes, garantizando la atención integral y protección de sus derechos.
El organismo recordó con la OIT, por primera vez en 20 años el trabajo infantil va en aumento y 80 millones de niñas y niños que trabajan lo hacen en las formas de mayor riesgo.
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En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2.2 millones de personas entre 5 y 17 años trabajaron, de estos, 71.2% fueron hombres y 28.8% mujeres.
La actualización de esta encuesta trienal es relevante para observar el impacto de la pandemia por la COVID-19, que, entre otras cosas, ocasionó una vinculación entre precariedad económica, familiar y trabajo; así como el aumento de la deserción escolar. En consecuencia, la población infantil y adolescente se encuentra en una situación de vulnerabilidad ante la explotación laboral y trata.
La CDHCM señaló que como cada año, el 12 de junio el mundo se pronuncia contra el trabajo infantil y este año la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lanza el lema Justicia social para todos. Poner fin al trabajo infantil e invita a la reflexión sobre la necesidad de garantizar el trabajo decente para las personas adultas como una vía efectiva para prevenir que niñas y niños trabajen.
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Trabajo decente implica terminar con todas las formas de violencia y discriminación, con el trabajo esclavo, forzoso y en su lugar crear espacios laborales seguros en los que se garanticen los derechos humanos y las personas trabajadoras gocen de condiciones dignas como el acceso a los beneficios de la seguridad social, salarios que les permitan salir de la pobreza, reproducir su vida en libertad y puedan proveer a sus familias de una vida satisfactoria para que las niñas y niños puedan asistir a la escuela y construir horizontes de vida que les permita tener una vida adulta plena.
No obstante, se han realizado esfuerzos institucionales para la prevención y erradicación del trabajo infantil, así como la protección del trabajo adolescente en edad permitida, éstos continúan siendo insuficientes si no se garantiza el trabajo decente y justo para las personas adultas responsables de crianza.
Por lo que esta Comisión continúa llamando a todas las instancias estatales, a las empresas, a las organizaciones sindicales y empresariales, a reforzar las estrategias y generar factores de protección que permitan que niñas, niños y adolescentes estén libres de trabajo infantil.
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