El secretario de Gobierno (SECGOB) de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, afirmó que el Plan General de Desarrollo (PGD) y el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) son legítimos y constitucionales, pues provienen de procesos de participación social, así como de la consulta pública y de la deliberación con muchos sectores: académicos, vecinales y populares de la capital del país.
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Calificó como falsas las declaraciones del Alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, ya que su aprobación no depende del gobierno local, sino del Congreso. “Por mandato de la Constitución Política de la Ciudad de México los proyectos de PGD y PGOT deben ser presentados por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva.
Además, no existe una fundamentación jurídica que obligue a que previamente a los instrumentos de planeación deba existir una ley de ordenamiento territorial.
Batres afirmó que las Alcaldías estaban invitadas a participar desde la convocatoria de la consulta pública y por la vía de atención directa por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), a través de sus enlaces de unidades administrativas especializadas que ellas mismas nombraron.
Precisó que en el caso de la Alcaldía de Miguel Hidalgo participó en el proceso con el folio 479427, mediante el envío de un oficio con comentarios y propuestas a los documentos sujetos a consulta, las cuales fueron analizadas y tomadas en cuenta para la reformulación de los nuevos documentos.
Sobre el uso de suelo, es importante aclarar que las reglas para el otorgamiento de los cambios de éste son perfectamente claras y se encuentran especificadas en el Art. 42 de la Ley de Desarrollo Urbano, el cual establece que todas las personas ciudadanas tienen el derecho de presentar propuestas y hacerlas llegar al Congreso, el cual a su vez debe hacer consultas con las diferentes dependencias capitalinas.
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Asimismo, destacó que es totalmente falso que el gobierno esté permitiendo que se construya sin que se cuente con todos los permisos, pues el otorgamiento de estos se revisan en sesiones abiertas y transparentes en la Comisión de Impacto Único. Además, son las Alcaldías las que generan la parte más importante de los trámites necesarios para los desarrolladores.
Desde su creación, en 2021, el IPDP tiene como su obligación la formulación de los proyectos de PGD y PGOT y ha sido el responsable del proceso de consulta pública desarrollado entre los meses agosto de 2022 y enero del presente año.
Los nuevos proyectos son mejores que los documentos del año pasado, primero porque han pasado por la ciudadanía y, segundo, porque integran observaciones y críticas recibidas, y suman a muchas voces de los pueblos y colonias de la Ciudad.
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Como muestra de lo anterior, se registraron 14 mil 491 participaciones que derivaron en 35 mil 69 opiniones, propuestas y recomendaciones, mientras que en el proceso del Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable (CONDUSE) de 2017 fueron 6 mil 385 participantes y 2 mil 343 propuestas.
De igual forma, resulta fundamental puntualizar que los nuevos proyectos no son públicos aún porque continúan en su proceso de formulación, lo serán una vez que Jefatura de Gobierno los remita al Congreso, donde deberán continuar el proceso de aprobación y tener un periodo de Parlamento abierto.
Con los nuevos proyectos, el Gobierno de la Ciudad de México busca garantizar los derechos de todas y todos a una ciudad con equilibrios, donde haya una regulación responsable del suelo, a efecto de tener viviendas adecuadas y asequibles, espacios públicos seguros, un medio ambiente sano y una movilidad integrada, finalizó.
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