Consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y diputados del Congreso capitalino, coincidieron en que las personas en prisión preventiva y sin sentencia firme, tienen todo el derecho a participar en procesos en los que se toman decisiones y votar.
Una oportunidad para garantizarles ello, representaría el hacer una prueba piloto durante los ejercicios de participación ciudadana en la capital del país.
Al respecto, la consejera presidente del IECM, Patricia Avendaño Durán, sostuvo que el órgano electoral cuenta con las herramientas para organizar un ejercicio de este tipo al interior de los centros de readaptación.
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Sin embargo, reconoció que el primer paso sería conocer los elementos técnicos para su implementación, como el hecho de que las personas en prisión preventiva cuenten con la credencial de elector vigente y estén en la Lista Nominal de Electores, además de definir la modalidad de votación a implementar, que pudiera ser electrónica o presencial.
En la “Mesa de diálogo para la garantía del voto de personas en prisión preventiva en la Ciudad de México”, hizo notar que en el IECM ya se trabaja en un análisis para generar alternativas que aseguren los derechos político-electorales para ese tipo de ciudadanos.
Señaló que ya se cuenta con un diagnóstico para conocer la situación, a la vez que detalló: “una buena alternativa es el voto electrónico porque genera confianza y da certeza de una persona, un voto, obteniendo resultados inmediatos y a bajo costo”.
En el ejercicio de intercambio de ideas, el presidente de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales del Congreso de la Ciudad de México, diputado morenista Temístocles Villanueva Ramos, opinó que negar el voto de las personas en prisión preventiva debilita el empoderamiento de la ciudadanía y su participación en la vida pública, por lo que es importante legislar para garantizarles su derecho al voto.
Mecanismos de inclusión
Aseguró que se deben establecer mecanismos para incluirlos en la Lista Nominal Electoral, en tanto que los institutos electorales tienen que garantizar toda la información electoral para las personas en esta condición.
El diputado del PAN, Aníbal Cáñez Morales, indicó que permitir el voto de las personas en prisión preventiva garantizará sus derechos humanos y los político-electorales, lo que coadyuvará a su reinserción en la sociedad.
Alertó que privarles el derecho al voto constituye una pena desproporcionada, por lo que México tiene una deuda pendiente, “por ello debemos legislar para reconocer el derecho de todas las personas”.
Por su parte, la consejera del organismo electoral, Carolina del Ángel Cruz, dijo que se trata no solo de un tema de derechos humanos, sino del derecho a votar, lo cual resulta complicado.
Refirió que los órganos electorales deben garantizar el voto de las personas en prisión preventiva en los procesos electorales y en los ejercicios de participación ciudadana.
Estimó que entre los elementos a definir, además de los mecanismos de votación, se encuentra el precisar quiénes serán las personas que fungirán como representantes de mesa de casillas.
“Debemos analizar cómo lograr que las campañas electorales y las propuestas políticas lleguen al interior de los centros de reclusión”, acotó.
En su momento, el consejero Bernardo Valle Monroy informó que para el IECM es muy importante visibilizar y trabajar que poblaciones y grupos que han visto cancelados sus derechos político-electorales, puedan acceder a ellos.
Mencionó que en el caso de las personas en prisión preventiva, se ve como una acción afirmativa el que ya se trabaje en su derecho al voto; sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer.
Calificó de necesario incluir a las personas en prisión preventiva en los mecanismos democráticos como los ejercicios de participación ciudadana, lo que les permitirá reinsertarse en sus comunidades y podrán seguir teniendo vínculos en su lugar de origen como sus colonias, pueblos o barrios.
Pruebas piloto
A su vez, el consejero Ernesto Ramos Mega expuso que los órganos electorales no deben esperar a que haya una reforma electoral para garantizar los derechos político-electorales de las personas en prisión preventiva, sino que se deben hacer pruebas piloto dentro de los centros de readaptación para que este sector pueda votar.
Señaló que en los órganos electorales se cuenta con los elementos técnicos para implementar el voto para las personas en prisión preventiva, de manera exitosa, y un primer paso podría ser que participen en los Consultas de Presupuesto Participativo, ya sea de manera presencial a través de una boleta de papel o por la vía electrónica, en donde los costos se reducirían considerablemente, obtenido resultados inmediatos y confiables.
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Uso de la tecnología
Mientras, la consejera Erika Estrada Ruiz reconoció que todas las autoridades se deben involucrar en este tema, desde la sociedad civil, las autoridades electorales, academia, partidos políticos y la legislatura.
“Tenemos que trabajar de manera preventiva en educación cívica. Desde la niñez y las juventudes se debe educar para que aprendan a ejercer sus derechos”, destacó.
Precisó que para garantizar el derecho al voto de las personas en prisión preventiva, una buena acción es el uso de las tecnologías, lo que evitaría errores humanos, reduciría costos y generaría resultados inmediatos de manera segura.
En su exposición, la profesora en Derecho y Política Criminal de la Faculta de Derecho en la FES Aragón y Acatlán de la UNAM, Lizbeth Padilla Sanabria, indicó que una de las garantías mínimas que no se deben rescindir es la presunción de inocencia y no restringir algún derecho ciudadano, por lo que las personas en prisión preventiva tienen el derecho a todo, incluido el derecho a votar.
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