Ciudad de México.- En la Ciudad de México se instalan alrededor de mil 500 tianguis, donde laboran más de 100 mil personas en el comercio popular. Tan solo en Iztapalapa más de medio millón de personas acuden a ellos a abastecerse; sin embargo, en este momento no se han colocado desde hace varias semanas. A dos meses de distanciamiento social estas personas no cuentan con recursos económicos, porque ante el paro de actividades no hay consumo.
De ahí que la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) Nashieli Ramírez Hernández, destacó que se requiere desarrollar estrategias colectivas y sociales para contener la crisis en la que se encuentran actualmente las personas que laboran en la informalidad y no asalariadas.
Al participar en el seminario online “El Derecho frente a la pandemia del COVID-19”, organizado por el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana (Ibero) Ciudad de México, expuso la necesidad de una visión solidaria. Recordó que 60% de las personas que trabajan en esta Ciudad lo hacen desde la informalidad y en condiciones de precariedad.
Lo que ocurre en la actualidad con la emergencia sanitaria, dijo, es que se visibilizan dichas condiciones, ante las omisiones del Estado y la falta de compromiso de la sociedad con este grupo de atención prioritaria. En ese grupo se encuentran las personas trabajadoras de limpia, comerciantes populares en el espacio público, indígenas artesanos, trabajadoras sexuales, artistas callejeros, músicos, por mencionar algunos.
Ramírez Hernández comentó que dicha situación nos debe llevar a pensar “en qué tenemos que hacer ahorita con la pandemia y qué tenemos que hacer después” porque será una etapa crítica, cuando comiencen a retomarse las actividades al concluir el resguardo domiciliario.
Consideró fundamental retomar el test de vulnerabilidad desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que pondera cuestiones estructurales, históricas, sociales y físicas, así como la exposición al riesgo. La Presidenta de la CDHCM indicó que el impacto económico que vendrá en cadena ante esta precarización será en términos de colectividad. El escenario es complejo, más cuando se habla de derechos laborales de este grupo de atención prioritaria, porque se habla al mismo tiempo de la dignidad de las personas.
En su oportunidad, la Representante en México de Woman in Informal Employement Globalizing and Organizing-Mujeren Empleo Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO), Tania Espinosa Sánchez, destacó que el reto en este contexto de emergencia sanitaria es convertir el trabajo informal en un trabajo digno, que cuente con todas las condiciones para llevarlo a cabo, con el reconocimiento de todos sus derechos.
Ejemplificó la situación de las personas recolectoras de basura y de limpia en la Ciudad de México, indicó que 14 mil son trabajadores contratados, sin embargo, también hay 10 mil voluntarios que viven de propinas y del reciclado.
Refirió que las condiciones precarias de “los rifados de la basura” se han agudizado durante la actual emergencia sanitaria. Por este motivo hizo un llamado a la sociedad a separar los residuos para dignificar su labor y entregarlos en una bolsa, marcada aparte, y rociados con agua clorada, para evitar que se contagien de COVID-19.