Estado de México- Luego de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México documentara las condiciones inaceptables e indignas en las que se encuentran las mujeres recluidas en cárceles mexiquenses, el escenario para ellas sigue siendo el mismo, después de emitido el cuarto informe especializado en la materia, donde al igual que en los otros tres, se destaca el hacinamiento, el abandono, la violencia sexual y la falta de atención a sus necesidades básicas.
En las 23 prisiones de la entidad existen más de 30 mil personas privadas de su libertad, entre hombres y mujeres, quienes enfrentan procesos por diversos delitos, con obstáculos y falta de claridad en los procesos legales, por lo que el sistema judicial también deja mucho que desear para alcanzar un esquema eficiente de impartición de justicia.
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De acuerdo con el ombudsman estatal, Jorge Olvera García, van cuatro informes oficiales que el organismo a su cargo elabora sobre la realidad que muestran los centros penitenciarios del estado.
Aunque en teoría las autoridades del ramo aseguran que se atienden las observaciones de la citada comisión, Olvera García argumenta que ante las condiciones en las que se hallan los internos, sobre todo las mujeres, existe una necesidad imperiosa de velar permanentemente por los derechos de estas personas.
Asegura que ante el estatus que mantienen las cárceles de la entidad se requiere, por parte de la institución que encabeza, seguir aplicando acciones y darles continuidad a las estrategias para prevenir, atender y erradicar cualquier tipo de violencia contra internas e internos.
En los cuatro informes emitidos por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México se han dado a conocer observaciones basadas en constantes supervisiones intramuros y entrevistas con familiares y personas servidoras públicas del ámbito penitenciario.
Sin embargo, a pesar del trabajo en el que se ha logrado documentar las condiciones indignas de las prisiones del territorio mexiquense, hasta ahora el objetivo que busca alcanzar una verdadera reinserción social ha sido una quimera.
En los primeros tres informes sobre el sistema penitenciario estatal, la citada comisión resaltó la problemática que envuelve a las cárceles, siendo el hacinamiento, el cogobierno y la sobrepoblación, los principales males que van en detrimento de las personas privadas de su libertad.
Aun cuando Jorge Olvera García afirma que se han llevado a cabo acciones como la instalación de casetas de videollamadas en los penales de Tenango del Valle y Texcoco, mediante las cuales mujeres y hombres, recluidos en las prisiones, pueden entrar en contacto directo con personal especializado de la Comisión de Derechos Humanos, todavía no se logran superar los principales males en el sistema penitenciario, por demás rebasado por la problemática que lo envuelve.
REALIDAD DE MUJERES RECLUIDAS
En el cuarto informe especial, dedicado a los derechos fundamentales de las mujeres privadas de su libertad en la infraestructura penitenciaría de la entidad, terminado desde diciembre pasado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en el marco de sus facultades legales, documentó los principales problemas que aquejan a la población femenil de las cárceles, situación que sigue vigente.
Sobresalen factores que obstaculizan la defensa efectiva de los derechos fundamentales de ellas, mismos que fueron divulgados en ese trabajo colegiado, con el fin de sumar esfuerzos en la mejora continua del sistema penitenciario de la entidad.
El escenario en el que las mujeres llevan sus procesos judiciales al interior de las prisiones no reúne las medidas mínimas compatibles con respeto a la dignidad humana, de acuerdo al análisis realizado por el organismo, en el que se incluyeron visitas, entrevistas a diversas personas involucradas con el sistema penitenciario, así como el acopio de información solicitada a las autoridades competentes.
El grupo comandado por Jorge Olvera García advirtió que esta realidad afecta en múltiples grados el desarrollo personal de las mujeres recluidas.
Los visitadores de la Comisión de Derechos Humanos, durante las diligencias in situ, dieron fe de las condiciones de infraestructura, alimentación, salud, vestido, educación, desarrollo maternal, psicosocial y trabajo.
En estas revisiones se advirtió que la instancia operadora del sistema penitenciario debía adoptar medidas pertinentes para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos a la integridad.
No obstante, tales observaciones siguen en el limbo, donde además se recomendó garantiza una vida libre de violencia, con protección a la salud y a una estancia en condiciones adecuadas, así como una efectiva vinculación social.
VIOLACIONES A SUS DERECHOS
Durante los trabajos realizados por la Visitaduría General de Supervisión Penitenciaria se inició una investigación de oficio por presuntas violaciones a derechos humanos de mujeres en prisión, quedando radicada con el número de expediente CODHEM/SP/899/2020, en el cual se solicitó información a la dirección de los centros penitenciarios del Estado de México.
Lo anterior, con el fin de conocer la condición de las mujeres privadas de libertad en los centros de reclusión, atendiendo las atribuciones que tiene conferidas la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en los ordenamientos jurídicos aplicables.
Prácticamente durante todo el año pasado, personal adscrito a la mencionada visitaduría fue a las cárceles de distintas regiones para recabar testimonios.
De esta manera, hizo acto de presencia en las prisiones de Ecatepec, Tlalnepantla, Santiaguito en Almoloya de Juárez, Ixtlahuaca, Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca, Nezahualcóyotl Sur, Texcoco, Chalco, Zumpango, Jilotepec, Temascaltepec, Tenancingo Centro, así como al Centro de Internamiento para Adolescentes Quinta del Bosque.
Ahí, se lograron obtener declaraciones de servidoras públicas adscritas a diferentes instituciones carcelarias encargadas de implementar las acciones tendentes a la aplicación del tratamiento de reinserción social.
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En dichas diligencias hubo una evaluación de los centros de reclusión de la entidad que albergan población femenil, a fin de verificar las condiciones de estancia e internamiento de las personas procesadas y sentenciadas.
En estas visitas se pudo documentar la problemática que obstaculiza la operatividad de los establecimientos carcelarios, tales como sobrepoblación y hacinamiento, carencia de infraestructura para una estancia digna, déficit en el personal penitenciario, ausencia de condiciones para atender las necesidades básicas de las mujeres privadas de la libertad y de sus menores hijos e hijas que viven en reclusión.
SOBREPOBLACIÓN PENITENCIARIA
Hasta diciembre del año pasado, de las más de 30 mil personas recluidas en las 23 cárceles del Estado de México, se tenía un registro de 771 mujeres procesadas y mi 204 sentenciadas, quienes se encontraban distribuidas en las cárceles de Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca, Chalco, Santiaguito, Cuautitlán, Texcoco y Penitenciaría Femenil Nezahualcóyotl.
El sistema penitenciario del Estado de México es el más grande del país, tras albergar la mayor cantidad de personas privadas de su libertad a nivel nacional, que asciende a 31 mil 500 en 21 prisiones, un centro de internamiento para adolescentes Quinta del Bosque y una penitenciaria modelo, Dr. Guillermo Colín Sánchez; de los cuales, únicamente, la penitenciaria femenil Nezahualcóyotl sur es el establecimiento carcelario exclusivo para mujeres.
Durante las visitas realizadas por personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México a los diferentes centros penitenciarios se documentó que las condiciones de vida que presentan las mujeres en reclusión constituyen factores verdaderamente deplorables, al carecer de espacios mínimos necesarios para una estancia digna.
Ellas se encuentran en instalaciones reducidas que dificultan el desarrollo de actividades personales, deportivas, educativas y laborales, incumpliendo las directrices establecidas en instrumentos internacionales y nacionales.
Los visitadores del organismo documentaron, por ejemplo, que las mujeres privadas de su libertad en la cárcel de Ecatepec permanecen en un dormitorio con alto grado de hacinamiento.
Carecen de espacio físico, ventilación, luz natural, luz artificial, higiene, propiciando condiciones de insalubridad, transmisión de enfermedades y disminución de acceso a diferentes servicios personales. Todo ello obstaculiza el objetivo primordial de la reinserción social de las mujeres cautivas.
SEVERO HACINAMIENTO
Los espacios designados para la estancia de mujeres en prisión presentan deficiencias importantes, tales como la inexistencia de áreas de ingreso en la infraestructura; centros de observación y clasificación y dormitorios insuficientes.
Los visitadores entrevistaron a 15 mujeres en reclusión que viven en la celda 14 de la prisión de Ecatepec y coincidieron en señalar que el dormitorio de aproximadamente 8 metros de largo por 3 metros de ancho, alberga aproximadamente 140 mujeres privadas de la libertad en condiciones insalubres.
Aunado a ello, el espacio destinado para las mujeres en prisión de dicho establecimiento carcelario carece de los servicios necesarios para una vida digna, ya que no se cuenta con suficiente agua para la higiene personal, colchonetas, cobijas, almohadas, pintura adecuada, tazas sanitarias, entre otros.
Por si fuera poco, en dicho espacio físico se cuenta con un área de aproximadamente 3 metros de largo por 2.5 de ancho, con tres tazas sanitarias, el cual es destinado para el uso de las personas que se encuentran en dicho dormitorio, incluso para el aseo personal, por lo que resulta insuficiente, máxime que las condiciones físicas del inmueble son malas, porque carece de pintura, higiene, ventilación, luz artificial, así como luz natural.
En las celdas que conforman los dormitorios, tanto de procesadas como de sentenciadas, de aproximadamente tres metros de largo por tres de ancho, pernoctan un sinnúmero de mujeres en condiciones lastimosas afectando considerablemente su estado de salud físico y emocional.
Asimismo, en las visitas llevadas a cabo en las cárceles de Zumpango, Ixtlahuaca, Tenancingo, Jilotepec y Temascaltepec, el personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México advirtió que además de las deplorables condiciones de infraestructura, también se observaron espacios extremadamente reducidos, que impiden a las mujeres en prisión, participar en actividades de carácter, laboral, deportivo, educativo y recreativo, obstaculizando sistemáticamente el tratamiento de reinserción.
DISEÑADO PARA HOMBRES
Las condiciones en las que se encuentran las mujeres privadas de su libertad, en materia de infraestructura, tienen que ver en gran medida con el diseño del sistema penitenciario en el estado, pues éste fue hecho para albergar a población masculina.
Sólo se han realizado adecuaciones a la infraestructura de los establecimientos carcelarios, con la finalidad de abrir espacios para alojar mujeres, pero no se han considerado los requerimientos básicos del sector, toda vez que en un 95% de los lugares destinados para que estas personas cumplan con las penas o los procesos legales por su culpabilidad o presunta responsabilidad penal, carecen de un diseño exprofeso para atender sus necesidades prioritarias.
Esto impide que exista, entre otros objetivos, una real vinculación social de las mujeres recluidas. Este derecho, según el organismo que encabeza Jorge Olvera García, constituye un factor relevante para las mujeres privadas de su libertad, que repercute considerablemente en su estado psicológico y emocional, además de que resulta necesario para la adquisición de artículos elementales de supervivencia al interior de las prisiones.
Con el derecho a la vinculación social de las mujeres en reclusión, la intervención de la autoridad penitenciaria resulta ser de suma importancia para disolver el sinnúmero de obstáculos que ponen en riesgo el ejercicio de este derecho.
Durante las visitas desarrolladas en los centros penitenciarios de Ecatepec, Tlalnepantla, Chalco, Texcoco, Zumpango, Ixtlahuaca, Tenancingo, Jilotepec y Temascaltepec, se documentó que estas prisiones no se cuentan con áreas de trabajo social especialmente para atender las problemáticas de este sector poblacional.
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Las mujeres recluidas representan el segmento más afectado por el abandono de sus familiares, ya que, si bien es cierto, reciben atención mínima por parte del personal de trabajo social -que se encuentra asignado al sector varonil-, también lo es que dichas personas servidoras públicas no cuentan con los recursos humanos, materiales, presupuestales y profesionales para desarrollar esta compleja actividad en favor de ellas.