Integrantes del grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, aclararon que no es suficiente dar de baja al director del penal de Santa Martha Acatitla, Luis Enrique León Vázquez, porque se debe consignar ante el Ministerio Público por la riña que dejó tres internos muertos en su interior.
Luego de los hechos violentos del lunes pasado en esa prisión capitalina, los diputados locales de Acción Nacional aseguraron que esa situación es una muestra de la falta de capacitación y profesionalización de los cuerpos policiales con tareas de custodia dentro de los centros penitenciarios en la capital, a la vez que apoyaron la destitución del del director del penal, pero no basta con eso.
Diputados panistas se refirieron a situaciones de alerta similares con Hazael Ruíz Ortega, a quien se le fugó el narcotraficante “El Vic”, del Reclusorio Sur. “Despidieron al director del penal, pero nadie se quedó en la cárcel, en este caso, queremos que se investigue quién fue la persona que incitó el motín y en caso, de haber alguna omisión o responsabilidad, del director o de custodios, deben ser consignados ante la justicia por parte de la Fiscalía”.
Los legisladores locales del blanquiazul Héctor Barrera Marmolejo, Gonzalo Espina Miranda, Luis Alberto Chávez García y Aníbal Cañez Morales, así como los representantes populares federales de ese partido Héctor Saúl Téllez Hernández y Jorge Triana Tena, respaldaron la destitución y detallaron que, derivado de las reformas, en donde se le trasladó la responsabilidad de los centros penitenciarios capitalinos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en noviembre del 2021, es preciso que esa dependencia ejecute medidas presupuestales y llevar a cabo un programa integral de acreditación, capacitación y certificación del personal que labora en las prisiones locales.
Aníbal Cañez, exhortó a la SSC a actuar y lamentó que, la propuesta del PAN en ese sentido se haya turnado a la Comisión de Seguridad Ciudadana del Legislativo y es fecha que no se ha dictaminado por Morena.
Espina, Chávez, Barrera, Cañez, Téllez Hernández y Triana, expusieron que con buena capacitación de los cuerpos de seguridad en general, se pueden evitar este tipo de situaciones, así como momentos que en ponen en peligro la integridad e incluso vida de terceros como sucedió hace unos días en Iztapalapa durante un operativo y un representante de los medios de comunicación fue sometido a una “llave china”.
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Resulta que el artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece que las personas privadas de su libertad tendrán derecho a un trato humano, a vivir en condiciones de reclusión adecuadas que favorezca su reinserción social y familiar, a la seguridad, respeto de su integridad física y mental, a una vida libre de violencia, a no ser torturadas no víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes y a tener contacto con su familia.
Los legisladores señalaron que, en este contexto, las autoridades locales tienen el deber de velar por el cumplimiento de los preceptos constitucionales descritos, entre los que se encuentran el derecho a la reinserción social de las personas privadas de su libertad, así como el derecho a la seguridad ciudadana.
Detallaron que el personal penitenciario acoge a su cargo a personas que han sido ilegítimamente privadas de su libertad. Tienen la responsabilidad de retenerlas en condiciones de seguridad y más adelante, en la mayoría de los casos, liberarlas de nuevo para que regresen a la comunidad.
Abundaron que esta función entraña llevar a cabo tareas sumamente exigentes y estresantes en nombre de la sociedad y, a pesar de ello, en muchos países los funcionarios de prisiones están mal capacitados, mal pagados y no siempre gozan del respeto de la opinión pública.
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