Sin trámite alguno, un juez de distrito ordenó autorizar el cambio de uso de suelo para un predio ubicado en la tercera sección del bosque de Chapultepec en zona de preservación ecológica para construir edificios, denunció la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, la diputada del PAN Gabriela Salido Magos.
Dentro de ese contexto, la diputada panista dio cuenta que el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Ulises Oswaldo Rivera González, envió un escrito al Poder Legislativo local para obligar a autorizar ese cambio de uso de suelo, pese a que se encuentra en pleno bosque de Chapultepec.
“Se concede al Congreso de la Ciudad de México, por última ocasión y previamente a la imposición de las medidas de apremio correspondientes, un plazo de siete días para que autorice la modificación del cambio de destino de área verde con el que se asignó el predio materia de la litis, por el de uso de suelo habitacional con restricciones”, refiere el documento enviado al recinto de Donceles y Allende.
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Resulta que el caso data de 1992, cuando el entonces gobierno del Distrito Federal expropió el predio de 4 mil 799 metros cuadrados en la calle de Montes Apalaches, en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, uno de los últimos pulmones de la Ciudad de México.
Desde entonces, la inmobiliaria Trepi ha ganado varios amparos e incluso el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde no ha sido resuelto.
Salido Magos detalló que entre las sanciones que se pueden aplicar está la destitución de su cargo a los que consideren responsables del desacato.
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La representante popular de Acción Nacional, en conferencia de prensa, dio cuenta de los pormenores del proceso legal del predio localizado en Montes Apalaches 525 expropiado en 1992 para integrarse a la tercera Sección del Bosque de Chapultepec como área de Valor Ambiental.
Precisó que se trata de un problema heredado por el Congreso local que data desde hace 32 años, cuando el entonces regente del Departamento del Distrito Federal, Manuel Camacho Solís, ordenó la expropiación del predio.
Tras siete años de inactividad por parte de las administraciones capitalinas, las personas propietarias del predio exigieron la devolución de este, al no realizarse actividad alguna que justificara la expropiación, es decir la habilitación como parte de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, además de que no se efectuó el pago indemnizatorio correspondiente.
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En su momento la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal se vio involucrada, debido a su facultad para realizar cambios de uso de suelo, y si bien la omisión principal existió por parte del gobierno central, cuando las personas propietarias hicieron el reclamo correspondiente, el poder judicial federal consideró necesario cambiar el uso de suelo, por lo que el Legislativo local fue visto como una autoridad responsable.
Esa calidad de autoridad responsable es la que actualmente hereda el Congreso y, aunque durante la I Legislatura se establecieron acciones por parte del gobierno central para cumplir con la sentencia, teniendo como eje la conservación del patrimonio ambiental de la capital, no hubo acciones al respecto.
Fue en el actual tercer año de la II Legislatura del Congreso local que llegó un ultimátum por parte del poder judicial, donde requiere que sin mediar procedimiento alguno, se efectúe el cambio de uso de suelo correspondiente.
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En este sentido, tanto la presidencia de la Mesa Directiva como la de la Junta de Coordinación Política, han buscado dar cauce legal al asunto.
Gabriela Salido se dijo convencida de que la ley debe cumplirse, sin embargo, puntualizó que “los términos de la resolución nos ponen entre la espada y la pared, porque las decisiones en un órgano legislativo como lo es el Congreso son colegiadas, además de que siguen un procedimiento establecido en la Ley”.
Señaló que lo anterior implica que “no podemos incidir en la voluntad de cada persona legisladora y mucho menos podría yo de manera unilateral ejecutar el cambio, violando las normas que rigen nuestro proceso”.
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Como representante legal del Congreso capitalino, el juzgado de distrito ordenó a la presidenta de la Mesa Directiva dar cumplimento, y de dilatarse, se dará vista a las autoridades correspondiente del poder judicial, por lo que podría llegar al conocimiento de la Suprema Corte de Justica y tener como consecuencia la destitución de las personas servidoras públicas involucradas.
“Si bien hoy no está en mis manos el cumplimento, creó en el apego a la legalidad y sé que existen derechos de particulares de por medio, mismos que no pueden seguir siendo vulnerados. Sin embargo, con ese apego a la legalidad que defiendo, es sabido que una vez en manos de la Suprema Corte de Justicia de Nación, este órgano está en posibilidad de evaluar un cumplimiento sustituto, como puede ser el pago correspondiente, cuando se considere que de cumplir la sentencia en sus términos se genere una afectación grave a la sociedad”, expresó.
Por ello, vista esta posibilidad que se apega a la legalidad y bajo las convicciones personales que ha defendido, como son el desarrollo urbano ordenado y la defensa del medio ambiente, hizo un llamado a la SCJN para que una vez que esté en sus manos el asunto resuelva un cumplimiento sustituto, porque la transformación de cinco hectáreas de bosque en una zona urbana, sin duda es una afectación grave a la sociedad.
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Pidió el apoyo de la sociedad para hacer llegar en su momento argumentos a la Suprema Corte para que esto sea considerado así.
“En caso de que la Suprema Corte no considere que la pérdida de una parte del Bosque de Chapultepec no es un daño grave a la sociedad y escoge el camino de las sanciones, asumiré mi destitución de esta Presidencia con la frente en alto, pues los argumentos en favor de la defensa de la Ciudad están dados y las convicciones firmes”, remató.
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