La aplicación de “El Operativo Mochila Segura” (“El Operativo”), durante la pasada administración, violentó los derechos humanos a la educación, a la intimidad y a la participación, así como al principio del interés superior de la niñez de los alumnos que asisten a escuelas públicas y privadas de educación básica en la Ciudad de México, determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por lo cual dirigió la Recomendación 48/2019 al Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma.
Y advirtió que “El Operativo” no cuenta con un Protocolo general y homologado que permita su aplicación a nivel nacional que considere el contexto de cada entidad federativa con enfoque de derechos humanos.
Tras sus investigaciones, derivadas de dos quejas que consideraron “El Operativo” como un acto de molestia y una política criminalizante contra la niñez mexicana, este Organismo Constitucional Autónomo constató que las autoridades escolares y educativas que lo instruyeron y aplicaron, trasgredieron los derechos mencionados, al no implementar medidas de protección y de cuidado con un enfoque de derechos humanos que garanticen el ejercicio pleno de todos sus derechos.
Aunque se tienen leyes generales, locales y diversas disposiciones normativas para garantizar la educación en ambientes pacíficos y no violentos; docentes, personal administrativo, autoridades escolares y educativas desconocen su aplicación, ante lo cual la Comisión considera que, ante la creciente violencia en los diferentes ámbitos de convivencia del país, cualquier mecanismo que se implemente en relación con la niñez debe ser considerada como una medida de protección y de cuidado y no de seguridad.
Lo anterior, toda vez que “El Operativo”, tal como fue concebido y aplicado, carece de un enfoque de derechos humanos, ya que presupone que infantes y adolescentes cometerán algún delito, siendo que la obligación de las autoridades educativas y escolares, tal como lo dispone el artículo 42, primer párrafo, de la Ley General de Educación.
Además, la CNDH reiteró que es impostergable contar con un protocolo general homologado de aplicación a nivel nacional para prevenir, detectar, atender, denunciar y sancionar la violencia escolar.
Con motivo de los hechos ocurridos el 18 de enero de 2017 Monterrey, cuando un estudiante de secundaria disparó a su profesora y compañeros mientras estaban en el salón de clases, para luego dispararse a sí mismo, la SEP emitió, en ese mismo día, el “Comunicado 18 Fortalece la SEP, en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México, medidas de seguridad en las escuelas de la capital del país”, en el que se señaló que conjuntamente con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) trabajaría en las medidas a aplicar a favor de la seguridad en los planteles educativos.
Al día siguiente, la CNDH solicitó medidas cautelares a la SEP, para que en cualquier acción relativa a “El Operativo” se atendiera el interés superior de la niñez y se previniera cualquier afectación a sus derechos humanos, particularmente a la protección y salvaguarda de su integridad física y su derecho a la intimidad, así como que en cualquier medida a aplicarse, se contara con la participación de los padres o tutores, de las autoridades escolares y de las propias niñas, niños y adolescentes.
Dos días después, la SSP de la Ciudad de México emitió un comunicado en el cual señaló que de manera coordinada con autoridades de la SEP, la colaboración de padres de familia en 8,278 escuelas públicas y privadas y la participación de 12 mil policías, revisaron las mochilas de estudiantes para evitar introdujeran “objetos aptos para la agresión, tales como armas de fuego y punzocortantes, así como sustancias tóxicas”, y que “El Operativo” tenía como finalidad “garantizar la integridad personal y patrimonial de docentes, alumnos, padres de familia, así como evitar la alteración al orden y la comisión de ilícitos, además de reafirmar el apoyo y presencia de la Policía.”
