La implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la capital del país tendrá un impacto presupuestal, por lo que se debe solicitar ayuda a los gobiernos local y federal para cumplir la tarea encomendada, reconocieron legisladores del Congreso de la Ciudad de México, quienes mostraron disposición a colaborar de manera coordinada con el Poder Judicial para su adecuada puesta en marcha.
En ello coincidieron las personas integrantes de la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar de los Estados Unidos Mexicanos (COCIFAM), quienes expusieron que el nuevo modelo de justicia representa un reto, el cual no es imposible de cumplir.
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Resulta que en el marco de la implementación de dicho código que permitirá instrumentar un nuevo sistema judicial, la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública el recinto de Donceles y Allende, Valentina Valia Batres Guadarrama, reconoció que es importante atender la ruta crítica hacia el 2027, al tiempo que consideró fundamental especificar los avances contemplados para el primer año.
La diputada integrante de la bancada de Morena, en reunión con los integrantes de la COCIFAM, señaló que se tiene que valorar el monto que solicitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ CDMX) para el ejercicio fiscal 2024, a la vez que aclaró que en la capital del país no hay nuevos impuestos, ni recursos extraordinarios, además próximamente comenzará el análisis de la propuesta de presupuesto que el gobierno capitalino entrego al Poder Legislativo local para su discusión y aprobación.
Por su parte, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del TSJ CDMX, destacó la necesidad de una labor coordinada con el Congreso local para la implementación de este nuevo sistema judicial, además de que resaltó sus beneficios, a partir del funcionamiento de juicios orales y tecnologías de la información.
Dio cuenta que al momento de solicitar la declaratoria de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, es necesario contar con los mejores perfiles de personas juzgadoras, las mejores instalaciones judiciales, sistemas de plataformas electrónicas suficientes y funcionales, un sistema jurídico moderno, así como altos estándares y mejores prácticas, que garanticen la paz y estabilidad social y aseguren condiciones de igualdad para el acceso de la justicia en la capital.
El magistrado Guerra Álvarez, al dar respuesta a los cuestionamientos realizados durante la mesa de trabajo, llamó al órgano legislativo a otorgar el presupuesto gradual necesario para cumplir con la normatividad nacional.
Por lo que hace a la modificación de las leyes locales, afirmó que desde el TSJ CDMX se cuenta con la capacidad, conocimiento, experiencia y sensibilidad para trabajar conjuntamente.
A su vez, el magistrado Eliseo Juan Hernández Villaverde, secretario técnico de la COCIFAM, detalló los estándares necesarios para el pleno desarrollo del nuevo código en un sistema estandarizado con todos los poderes implicados en la impartición de justicia.
Respecto al uso de los sistemas electrónicos señaló como fundamental videograbar demandas en materia familiar, juicio oral, civil o familiar, audiencias, inspecciones judiciales, desalojos legales y cualquier diligencia autorizada por la persona juzgadora.
Se mostró a favor de analizar el Registro de Personas Deudoras Alimentarias Morosas, el divorcio incausado, la adopción, los juicios sucesorios, entre otros, a fin de adecuar diversos aspectos al nuevo esquema, respecto al Código Civil.
Para la Ley Orgánica sugirió estudiar primordialmente la legislación respecto a juicios en línea y oral sumario, civil y familiar, aranceles de costas y honorarios, así como el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia.
Delineó que los esfuerzos están dirigidos a la capacitación del personal, al plan de trabajo y la construcción, diseño y prueba de los sistemas electrónicos necesarios, y una vez que se termine este proceso, teniendo los estándares y claridad en la administración de las plataformas, se podría aplicar el código, lo cual podría ocurrir en enero de 2025.
El coordinador de la asociación parlamentaria Izquierda Liberal del Congreso citadino, diputado Jorge Gaviño Ambriz, aseveró que esta reforma es una “revolución en el sistema procedimental”.
Consideró que debería existir un manual para implementarla, al tiempo que manifestó su preocupación por los recursos que se requieren por año, por ello preguntó: ¿qué vamos a hacer? y ¿cómo?
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