Es urgente que los gobiernos municipales del Estado de México frenen los asentamientos irregulares, pues además de vigilar un desarrollo urbano ordenado, esto permitirá proteger al medio ambiente, por lo que aquellos alcaldes que permitan la invasión de áreas no susceptibles para vivir deben ser sancionados, al considerarse este tipo de omisiones como prácticas de corrupción.
Así lo establecieron los ponentes de la sesión del Parlamento Abierto para la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México, luego de manifestar que varias zonas del territorio mexiquense ya no soportan más la proliferación de asentamientos irregulares.
Durante la sesión, realizada vía remota, los diputados locales respaldaron las iniciativas para sancionar de forma especial la ineficiencia y la corrupción en la administración de las zonas urbanas, frenar los asentamientos irregulares y sancionar a las empresas que viertan aguas negras en cuerpos y fuentes de agua potable.
En el evento también participaron los responsables de los trabajos para la integración de una nueva constitución del Estado de México, Mauricio Valdés Rodríguez y Rubén Islas Ramos, secretario general y secretario técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México, respectivamente.
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Bajo la presidencia de Gabriel Medina Peralta, los parlamentarios ciudadanos respaldaron la iniciativa de Pedro Carta Terrón para reformar la Constitución a fin de establecer, como parte del derecho a la ciudad, sanciones por ineficiencia y corrupción en la administración de las zonas urbanas, así como la propuesta de Gad Javier Valencia Aguirre para prohibir la inscripción de cualquier inmueble en el padrón catastral sin cumplir todos los requisitos con el propósito de frenar el deterioro urbano y ambienta.
A su vez, Deyanira Juárez Cristino propuso reformar el texto constitucional para que el Estado asuma la obligación del abasto, promoción y uso racional del agua, así como sancionar a las personas físicas o jurídicas colectivas que al hacer uso del vital líquido pongan en riesgo el equilibrio ambiental y el derecho de la población al recurso.
Los parlamentarios ciudadanos también se pronunciaron por modificaciones constitucionales para que la autoridad consulte a las comunidades cuando pretenda realizar en sus territorios proyectos o megaproyectos de infraestructura, sobre todo si pueden afectar la administración y suministro de agua; que la autoridad señale los lugares donde puedan descargarse aguas negras, establezca el uso obligado de medidores y realice campañas masivas para su cuidado y uso racional, así como para la recuperación de cuencas hídricas de la zona oriente, entre otras.
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