Al recoger una serie de denuncias por parte de repartidoras por aplicación de la capital del país, en el sentido de que son objeto constante de agresiones verbales, tocamientos y nalgadas al momento de ir en su moto o bicicleta, además de frases obscenas en su contra durante los recorridos que realizan para entregar diversos pedidos, la integrante de la bancada del PRI en el Congreso capitalino, Silvia Sánchez Barrios, pugnó porque la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), unifiquen protocolos de denuncias orientados a privilegiar los derechos de esas mujeres, enfocándose en prevenir el acoso y la violencia de género.

Dejó en claro que se buscará por todos los medios, que estas personas repartidoras cuenten con un salario, acceso a la seguridad social y derecho de asociación.

Sostuvo que acuerdo con datos proporcionados por el grupo “Ni una repartidora menos”, en los dos últimos años han muerto por atropellamiento 59 repartidores.

La diputada priísta que funge como presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico del Poder Legislativo local, afirmó que “es el papel del gobierno de la Ciudad de México y de nosotros como representantes populares en esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, proteger y promover los derechos de los ciudadanos, con especial enfoque en los derechos de los sectores más vulnerables”.

Sánchez Barrios se refirió a las frases obscenas en su contra que escuchan las repartidoras durante el recorrido que hacen para entregar los pedidos ya sea de comida o mensajería que se hacen por aplicación.

Recordó que recientemente esas mujeres trabajadoras lanzaron un SOS a los representantes populares para que frenen, con acciones legales, las agresiones verbales, así como tocamientos y nalgadas de que son objeto.

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Tras requerir que el Congreso formalice la solicitud a la SSC y a la CDHCM de unificar los protocolos de denuncias para privilegiar los derechos de esas mujeres, declaró:

“este viacrucis que sufren durante su trabajo también lo padecen los repartidores, porque a ellos los extorsionan grupos delincuenciales, los golpean sino le entran con el cobro de piso, por si fuera poco son asaltados y asaltadas, en varias ocasiones el cliente las recibe desnudo e incluso hay quienes las quieren violar”.

Silvia Sánchez delineó que los colectivos de repartidores de aplicaciones como Didi, Uber, Rappi, Sin Delantal o similares, sufren una serie de problemáticas que debilitan el ejercicio de los derechos humanos de cada individuo.

“No solo sufren la discriminación en establecimientos o la negación del acceso a ciertas áreas de restaurantes o centros comerciales esenciales para cumplir con sus pedidos, sino que es recurrente los temas de acoso y hostigamiento en especial a repartidoras por parte de compañeros del trabajo o clientes”, precisó.

Mencionó que la problemática no termina en estos casos, sino que se amplía al no existir protocolos ni formas de canalización adecuadas para acabar y castigar con esta problemática, además de elementos policiacos que desestiman las denuncias y situaciones de violencia hacia estas mujeres.

Consideró que es prioridad blindar y proteger a los repartidores con especial énfasis en las mujeres por ser ciudadanas vulnerables del acoso y de la violencia contra ellas, en el cumplimiento de su trabajo.

Refrendó el que se deben crear protocolos específicos para estos trabajadores, con una adecuada capacitación de los servidores públicos, para que se protejan a estos ciudadanos en su fuente de trabajo y no sean víctimas de detenciones o interrogatorios.

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