Para contribuir a la erradicación de los maltratos y agresiones físicas como método de disciplina para niños, la diputada del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Yuriri Ayala Zúñiga, promueve modificar el Código Civil para el Distrito Federal a fin de que ese tipo de prácticas sean consideradas por las personas juzgadoras en materia familiar al momento de determinar la guarda y custodia, o bien al resolver la acción de cambio de guarda y custodia de los menores de edad.
Al fundamentar su iniciativa que presentó en la sesión ordinaria que dirigió el panista Gonzalo Espina Miranda al sustituir al presidente de la Mesa Directiva del órgano deliberativo, Héctor Díaz Polanco, quien pidió ausentarse desde la semana pasada para cumplir con un compromiso, la diputada morenista calificó de necesario hacer visible que este tipo de conductas resultan violatorias del derecho de la niñez a su desarrollo integral y, en consecuencia, son socialmente reprobables, por ello es indispensable incluir la regulación de tales aspectos en la legislación civil local.
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Dio cuenta que con el proyecto, turnado a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Poder Legislativo local, se da respuesta a la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en junio de 2020 resolvió el amparo en revisión 8577/2019, mediante el cual estableció que cualquier maltrato físico contra personas menores de edad, sea leve, moderado o grave, que tenga por objeto causar dolor o malestar, o bien que busque humillar, denigrar, asustar o ridiculizar, constituye un castigo corporal y un trato cruel y degradante, por lo que plantea la erradicación de este tipo de situaciones en la sociedad.
Yuriri Ayala aludió que la iniciativa tiene por objeto adecuar el contenido normativo establecido en los artículos 271, 282 y 283 del Código Civil para el Distrito Federal, para incluir los maltratos y las agresiones físicas empleados como método disciplinario de menores de edad, como un elemento a tomar en cuenta durante procesos de separación o para determinar el cambio de custodia de los menores de edad
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