Los gobiernos municipales que solicitan al Congreso del Estado de México autorización para vender bienes patrimoniales y con ello pagar deudas, siendo el caso de Naucalpan el más controvertido por el nivel de crisis financiera que enfrenta, no tendrán vía libre para desincorporar propiedades municipales solo porque fueron irresponsables e ineficientes en el manejo de la administración pública.
Así lo dieron a conocer hoy diputados locales, luego de que el coordinador de Nueva alianza en la Cámara estatal, Rigoberto Vargas Cervantes, impugnara el proyecto de dictamen por el cual el gobierno de Nicolas Romero pidió enajenar bienes municipales para pagar laudos laborales, debido a la opacidad para precisar las razones por las que carece de los recursos financieros para su cumplir con el pago.
El dirigente de esa bancada dijo que la impugnación al artículo primero del proyecto de dictamen fue presentada ante el pleno de la LXI legislatura.
Al fijar la postura de la fracción, Vargas Cervantes, puntualizó que la impugnación se debe a que en las reuniones de comisión faltó información para revisar a profundidad las causas por las que el Ayuntamiento de Nicolas Romero, se hizo de adeudos al tiempo de carecer con los fondos para cumplir con la obligación de pagó dictadas dentro del expediente 1464/2006, tramitado ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.
Al respetar el derecho que la ley les brinda a los ayuntamientos para desincorporar o enajenar bienes muebles e inmuebles que conforman su patrimonio, Rigoberto Vargas Cervantes, rechazó que la legislatura se convierta sólo en una oficialía de partes.
Por tal motivo, se pronunció en favor de que el producto de la enajenación se destine para el pago de laudos, "pero estamos en contra de que los municipios sigan acumulando pasivos laborales por el despido injustificado de trabajadores y el mal manejó de los juicios laborales", aclaró.
Ejemplo de lo anterior y de acuerdo a lo expuesto por el legislador mexiquense, es el expediente número 1547/ 2003, tramitado y promovido en la sala auxiliar de Tlanepantla por Agustín Olivares Balderas en el que se dictó auto de requerimiento de pago o embargó contra el ayuntamiento de Nicolas Romero, por el montó de 40 millones 456 mil 618 pesos.
Vargas Cervantes expresó que ante la aparente falta de recursos económicos del Ayuntamiento de Nicolas Romero para cumplir con el ordenamiento judicial, se dejó pasar la oportunidad para observar y señalar las razones que dieron origen a la falta de recursos económicos, así como las causas y motivos por las que el trabajador fue despedido.
"Por estas razones estamos en contra e impugnamos el artículo primero mediante el cual se autoriza la desincorporación del patrimonio del ayuntamiento de Nicolás Romero", concluyó.
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