En mesa de trabajo con representantes populares de la II Legislatura del Congreso capitalino, la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, confirmó que hay un incremento de los servicios en materia de defensa en las delegaciones de las 16 alcaldías, que permitirá consolidar las cinco líneas de trabajo para dar cumplimiento a la Agenda 25, cuyo centro son las personas y la proximidad territorial del organismo, al tiempo que requirió un presupuesto para el próximo año por 498.3 millones de pesos.

Durante su exposición inicial que tuvo ante los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Poder Legislativo local, que preside la morenista Valentina Valia Batres Guadarrama, misma que no pudo estar presente, la defensora refirió que se requiere de esa cantidad para el 2024, que representa un 5 por ciento más de lo asignado para el Ejercicio Fiscal 2023, ante el aumento en la demanda de servicios que se brinda a quienes habitan y transitan por la capital del país.

Así, en la sesión de trabajo que se llevó a cabo en la modalidad a distancia, detalló que hasta el pasado 31 de octubre, se brindaron 42 mil 585 servicios institucionales y se prevé cerrar 2023 con más de 50 mil, que significarán 4 por ciento más que en 2022, a la vez que afirmó que continuará el impulso de la transformación del Sistema No Jurisdiccional, con un avance en procesos de restitución inmediata de derechos, sobre la línea de justicia restaurativa, a través de procesos de mediación y de lograr conciliaciones, así como del trabajo directo con autoridades y peticionarios.

Entregó reporte Nashieli Ramírez

Para conocer el trabajo y las necesidades presupuestales de la Comisión de Derechos Humanos, las personas legisladoras recibieron a Nashieli Ramírez, quien dio cuenta de los avances en la atención a víctimas, protección de derechos humanos y la superación del rezago de servicios heredada de anteriores administraciones.

Al darle la bienvenida Fernández César destacó que la mesa de trabajo tiene el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía la información requerida para el proceso de análisis, discusión y aprobación del Paquete Económico de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2024.

La Comisionada de Derechos Humanos aseveró que se tiene proyectado para el año siguiente cumplir con lo establecido en la Ley de Archivos de la Ciudad de México, con el inicio de implementación e ingreso de datos a una plataforma informática, de ahí la importancia de contar con recursos suficientes.

Dio cuenta que de 2018 a 2023 se han brindado en promedio 104 servicios por día, y en lo referente al presente ejercicio presupuestal dijo que, del 1° de enero al 31 de octubre, se han prestado 42 mil 585 servicios.

Explicó que se ha incrementado el número de intervenciones de defensa en las demarcaciones territoriales, y de enero a octubre de 2021 se dieron 7 mil 959 servicios, y en el mismo periodo de 2023 la cifra es de 15 mil 661.

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CDMX padece la migración

Al contestar una serie de preguntas, Nasheli Ramírez Hernández, aseguró que la capital sufre los efectos de la política migratoria actual y la implementada por Estados Unidos que ha cerrado sus fronteras, lo que ha generado que los seis albergues operados por la sociedad civil y el ubicado en la alcaldía Tláhuac estén rebasados en 400 por ciento de su capacidad, situación que se prevé siga en aumento.

Consideró, por ello, urgente que en el corto plazo se implemente más infraestructura operada desde el gobierno capitalino para darles lo que se denomina “primera acogida”, para evitar los conflictos con los vecinos y dar dignidad a los migrantes. Sin embargo, a largo plazo se requieren programas de inserción social, para darles trabajo.

Hizo del conocimiento de los congresistas que que cuatro recomendaciones del 2022 han sido rechazadas, tres de ellas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, relacionadas con tortura y una más, por el Servicio de Transportes Eléctricos.

En su mensaje final, expresó su preocupación para cumplir con lo establecido en la Ley de Archivos de la Ciudad de México, en el sentido de que no pueden deshacerse del archivo físico en materia de violación a los derechos humanos, y en la actualidad erogan 51 mil 500 pesos mensuales en la renta de un espacio para albergar toda la documentación que se tiene.

En este orden de ideas pidió “que nos apoyen en la modificación de esta normativa para hacerla acorde a la Ley General de Archivos, que determina que se tiene que conservar en papel las violaciones graves a los derechos humanos”.

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