El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) reconoce el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) publicado el 3 de octubre, que, si bien destaca avances del Estado Mexicano, plantea 73 recomendaciones cruciales, muchas de las cuales ya había mencionado en su informe de 2022 y ahora, ante el evidente incumplimiento, se retoman con nueva información.
El CED afirma que persiste “una situación generalizada de desapariciones” y “la ausencia de una política nacional de prevención y erradicación”.
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También resalta la falta de priorización en la investigación y persecución penal de la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Estas observaciones revelan “una impunidad casi absoluta”.
En particular, el CED muestra preocupación por el proceso de actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que no cumple con los criterios establecidos en el Protocolo Homologado de Búsqueda y en estándares internacionales. Este proceso, ejecutado por instancias no competentes ni capacitadas en materia de búsqueda, carece de una metodología clara y transparente y de mecanismos para la participación de los familiares de las personas desaparecidas, generando actos de revictimización.
Además, el CED evidencia la crisis forense, el elevado número de cuerpos y/o restos humanos en los servicios médico-forenses, la falta de coordinación para la identificación humana, y la urgencia de fortalecer la coordinación intrainstitucional e interinstitucional en las instituciones federales y estatales encargadas de la búsqueda e investigación.
El informe también destaca la vulnerabilidad de personas migrantes y el aumento de la desaparición de niñas y mujeres, exhortando a la atención a través de un mecanismo efectivo.
Desde el MNDM, hacemos un llamado urgente al Estado mexicano para cumplir de manera efectiva con todas las recomendaciones formuladas por el CED. Subrayamos la necesidad de:
- Transparentar la metodología utilizada para la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, garantizando la fiabilidad de los datos recopilados y la participación de las familias en este proceso.
- Asegurar que el proceso de selección de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda cumpla con los estándares establecidos en la Ley General.
- Prevenir actos de violencia, vigilancia, amenazas y represalias contra los familiares de personas desaparecidas.
- Garantizar la coordinación efectiva entre las instituciones federales y estatales encargadas de la búsqueda e investigación.
- Instaurar mecanismos de coordinación interinstitucional sistemática entre las instituciones responsables de la identificación de personas fallecidas.
- Garantizar el funcionamiento efectivo del Banco Nacional de Datos Forenses y su interoperabilidad con otros bancos de perfiles genéticos existentes.
Resaltamos la importancia de la legislación local, desde las leyes de desaparición, declaración de ausencia hasta la política de prevención. Exhortamos a la FGR a atender las recomendaciones de coordinación institucional, atender la impunidad y judicialización de casos. La crisis forense requiere atención urgente, tanto de los servicios periciales ordinarios, como de las iniciativas de reciente creación, como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) que, según el CED, debe mejorar en cuanto a resultados, recursos y diálogo con las familias.
Para elaborar su informe, el CED dialogó ampliamente con el Estado mexicano. Pero la delegación gubernamental se caracterizó por la participación de pocas instituciones y por la ausencia de subsecretarios.
Finalmente, reiteramos nuestro llamado a fortalecer los mecanismos de participación efectiva y sustantiva de las familias, en el seguimiento y la implementación de todas las recomendaciones emitidas por el CED.
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