La fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, confirmó presentará ante el pleno del recinto deliberativo la iniciativa 3 de 3 contra la violencia de género a nombre de Las Constituyentes MX Feministas, dirigida a evitar que agresores, acosadores sexuales y deudores alimentarios morosos lleguen a cargos de poder público.
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En conferencia de prensa en la que se informó sobre la propuesta, la coordinadora de la diputación local morenista, Martha Soledad Ávila Ventura, dijo que se trata de reformar la Constitución Política de la Ciudad de México y el Código Electoral que de consolidarse, será una herramienta más para prevenir y sancionar la violencia en contra de las mujeres en la metrópoli.
Al dejar en claro que la bancada de Morena cuenta con una amplia agenda legislativa en materia de género, por lo que Las Constituyentes MX Feministas se acercaron a ella a encontrar eco en sus demandas, la congresista delineó que con el instrumento, a presentarse en la sesión ordinaria del miércoles de esta semana, se reformaría la Constitución Política local y el Código Electoral de la capital del país para incluir como requisitos de elegibilidad el no estar condenado por el delito de violencia familiar, por delitos de carácter sexual y no ser deudores alimentarios morosos.
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Dio cuenta que gracias a instrumentos como el que se promueve, que tiene su origen en un reclamo social de justicia, “la Ciudad de México cuenta con un marco jurídico de vanguardia para la protección de los derechos”.
En su momento, en la conferencia ofrecida en el Salón Heberto Castillo del Congreso, María Guadalupe Hernández Zárate, de la colectiva Las Constituyentes MX Feministas, expuso que la iniciativa 3 de 3 contra la violencia de género “es un alto para dejar de poner a las mujeres en una posición de vulnerabilidad y de invalidar las diferentes violencias que se ejercen sobre las mujeres, además de hacer un llamado a seguir reflexionando y luchando”.
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Por su parte, la activista Martha Gómez Moreno detalló en que la iniciativa ayuda a visibilizar a candidatos que están ejerciendo violencia contra las mujeres, “porque si lo hacen en su casa con las personas que dicen amar, así mismo lo replican en los puestos de poder y candidaturas de elección popular”.
La iniciativa contempla que dichos requisitos incluyan los cargos de jefa o jefe de gobierno, de alcaldes y alcaldesas, así como concejales, diputadas y diputados.
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