Diputados del Estado de México, integrantes de las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Derechos Humanos y Seguridad Pública y Tránsito, aprobaron el proyecto para que los operativos de Mochila Segura estén regulados por la ley, con pleno respeto a los derechos humanos, y a actos de buena fe.
Durante la sesión legislativa en la que se abordó la iniciativa del legislador Emiliano Aguirre Cruz, los representantes populares dieron luz verde para que este tipo de operativos tengan certeza jurídica y sirvan para reforzar la seguridad de más de cuatro y medio millones de estudiantes.
Los diputados aprobaron por unanimidad reformas a las leyes de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de Educación, de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad y de Seguridad, todas del Estado de México.
El diputado Abraham Saroné Campos expuso que se logró que este tipo de operativos y medidas semejantes no sean invasivos de la privacidad y de los derechos elementales de las y los estudiantes.
Señaló que el reto es llevar a la práctica esta reforma tal como se aprobó, y lograr que las y los involucrados, como autoridades educativas, docentes y padres y madres de familia, así como las y los diputados, asuman su responsabilidad y lo que les corresponde hacer.
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En tanto, el legislador Emiliano Aguirre Cruz (Morena), autor de la iniciativa, agradeció las aportaciones de las y los legisladores Karla Aguilar Talavera, Jesús Isidro Moreno Mercado y Braulio Álvarez Jasso, del PRI; Anais Miriam Burgos Hernández y Carmen de la Rosa Mendoza, de Morena; y Alonso Adrián Juárez Jiménez, así como representantes de la Secretaría de Seguridad estatal, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y el Sistema Estatal DIF, para el fortalecimiento de esta propuesta.
Cabe señalar que la propuesta deriva de diversos casos de violencia entre estudiantes e integrantes de la comunidad educativa recientemente ocurridos en la entidad, y al hecho de que actualmente el programa mochila segura no tiene sustento legal, por lo que puede incurrir en la violación de los derechos básicos de la comunidad académica.
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