La Sedena, Semar, y la Guardia Nacional reciben cada vez más presupuesto y funciones civiles para llevar a cabo labores para las que no están facultadas, señalan organizaciones de la sociedad civil.
Refieren que gran parte de la militarización ha ocurrido a través de convenios entre las fuerzas armadas e instituciones civiles, fuera de los foros legislativos y del debate público.
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En conferencia de prensa, Sara Elena Velázquez, Estefanía Vela y Lisa Sánchez, directora Ejecutiva de MUCD precisaron que si bien esta transferencia de funciones y presupuestos ha sido un fenómeno transexenal, desde 2010 se observa un incremento constante de los convenios celebrados entre las autoridades civiles y las instituciones militares.
Lo anterior lo revela el proyecto del Inventario Nacional de lo Militarizado, realizado por el Programa de Política de Drogas (PPD), México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) e Intersecta.
El Inventario Nacional de lo Militarizado es una base de datos que busca documentar la militarización en México y contribuir a identificar y entender los mecanismos legales a través de los cuales sucede, los actores públicos que participan en estos procesos y los argumentos utilizados para justificar su actuación.
La militarización no sólo sucede con la seguridad pública: durante el actual sexenio de López Obrador, a nivel federal, 83% de los convenios entre las fuerzas armadas y otras instituciones federales son para funciones civiles no relacionadas con la seguridad pública, como la protección del ambiente, la política social, la salud y las obras públicas.
El Inventario registra que entre 2007 y 2022 hubo 258 convenios que transfirieron funciones a presupuesto civiles a las fuerzas armadas: 222 convenios que transfirieron funciones civiles con sus respectivos presupuestos, 8 convenios con funciones civiles y sin presupuesto y, finalmente, 28 convenios que transfirieron presupuestos civiles para funciones militares.
En estos casos, por ejemplo, hay entidades federativas que pagan a las fuerzas armadas para construir cuarteles militares u otra infraestructura militar.
De acuerdo con los datos analizados, este aumento alcanzó su punto máximo en 2019, año en el que se registraron 43 convenios.
Sara Elena refirió que si se analizan los convenios y acuerdos firmados entre instituciones federales con las fuerzas armadas, en el sexenio de Calderón se firmaron 21 y en el de Peña Nieto 55, mientras que en los cuatro años estudiados del sexenio de López Obrador se firmaron 51".
Lo anterior, agregó, ha ocurrido mediante reformas constitucionales, reformas legislativas federales, acuerdos y decretos presidenciales; y convenios y acuerdos particulares firmados entre las fuerzas armadas con distintas instituciones civiles.
Las activistas expusieron que la transferencia de funciones y presupuestos civiles a los militares en los últimos 17 años hará muy complicado que el próximo Gobierno, sin importar quién gane la elección, recupere el control del poder civil, alertan integrantes de organizaciones ciudadanas.
Respecto a las iniciativas de reforma constitucional y legislativa, en las últimas seis legislaturas se han presentado 87 iniciativas tendientes a la militarización. La gran mayoría (77%) se ha presentado en las dos legislaturas más recientes, de mayoría morenista.
La investigación también documenta la firma de 19 acuerdos militares, todos emitidos en el actual sexenio. La mayoría crea empresas de participación estatal bajo control de las fuerzas armadas y les permiten participar en las obras prioritarias. del gobierno, como el Tren Maya.
Si se analizan los convenios y acuerdos firmados entre instituciones federales con las fuerzas armadas, en el sexenio de Calderón se firmaron 21 y en el de Peña Nieto 55, mientras que en los cuatro años estudiados del sexenio de López Obrador se firmaron 51.
Los registros contenidos en el Inventario muestran que actualmente muchas de las transferencias de funciones civiles ocurren a través de convenios entre las fuerzas armadas con distintas instituciones civiles. Estos convenios son entre partes, por lo que suelen ocurrir fuera del debate público y son, además, de difícil acceso.
El Informe del Inventario también aporta cuatro argumentos por los que la militarización es problemática. Primero, porque es un proceso que va en contra de la Constitución.
Segundo, porque las fuerzas armadas se manejan bajo un régimen especial y, por lo tanto, no están sujetas a las mismas obligaciones y controles que las instituciones civiles, aunque estén llevando a cabo las mismas funciones. Tercero, porque la evidencia empírica de México demuestra que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública no solo no ha logrado contener la violencia, sino que ha contribuido a exacerbarla. Cuarto, porque la evidencia desde la experiencia comparada —los procesos de militarización en otros países— muestra que existe una relación negativa y significativa entre la militarización y la democracia.
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