Pese al bajo índice de contagio y de la intensidad de la enfermedad por Covid-19 entre niñas, niños y adolescentes (NNyA), son quienes con el confinamiento por el distanciamiento social han tenido graves afectaciones, pues ya cumplieron un año fuera de su principal entorno de socialización, que es la escuela, y han estado encerrados todo este tiempo en la mayoría de los casos.
Este grupo de la población que representa 25 millones 287 mil 145 personas en ese rango de edad, de acuerdo con el Censo Nacional de Población 2020 están sosteniendo las principales medidas de la contingencia sanitaria, alertó la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández.La titular del organismo precisó que en el país 20% de la población tiene de 0 a 12 años, que son sobre quienes es fundamental avanzar en la agenda de sus derechos y encaminar los esfuerzos institucionales, para que no haya retrocesos.
Explicó que la Encuesta de Salud y Nutrición en niñas y niños menores de 12 años (ENSARS-CoV-2), que realizó el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), exhortó a mirar cómo han transcurrido los últimos 12 meses y los que aún faltan, para resolver desde ahora las afectaciones sobre este grupo etario y antes de llegar a una gran crisis de sus derechos humanos.
Comentó que desde el 3 de abril de 2020 y hasta el pasado 3 de marzo, diversos organismos regionales e internacionales de derechos humanos han emitido 14 documentos, guías, resoluciones y declaraciones, para realizar acciones alrededor de esta población, ante la crisis sanitaria y también económica derivadas de la pandemia.
Sobre la metodología de la ENSARS-CoV-2, reconoció coincidencias con el enfoque diferencial aplicado en derechos humanos y para el diseño de estrategias que garanticen, protejan, promuevan y respeten los derechos de los grupos y categorías por edad y género.
“El análisis interseccional es otro acierto, porque contribuye a visibilizar a los grupos en particular y permite observar la interacción de diversas categorías, no sumadas de forma aritmética, sino que acumulan y permiten analizar una situación y contexto particular, facilitando así a las instituciones las herramientas necesarias para que den cumplimiento a su obligación de protegerles todos los derechos de niñas y niños”, insistió la Defensora.
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Y es que, agregó, la ENSARS-CoV-2 muestra la interdependencia del ejercicio del derecho a la salud con otros derechos, como la educación, al juego, al descanso y el ocio. Al respecto, se refirió al tiempo frente a las pantallas y el incremento sobre el uso de la tecnología, así como el impacto en el desarrollo neurológico de las niñas y niños, desde que nacen.
“Estamos ante una generación completamente diferente a la de 10 años atrás, por las oportunidades y los riesgos del acceso a los medios digitales, la necesaria protección en un espacio poco conocido por la mayoría del mundo adulto; así como el desarrollo neurológico de quienes están en primera infancia, con una sociabilidad limitada y a través de los medios digitales, con poco contacto con el exterior”, advirtió.
Ramírez Hernández expresó su preocupación sobre aspectos como la inseguridad alimentaria, que entre julio y diciembre de 2020 alcanzó de 25 a 30% de las familias encuestadas, por la falta de empleo y la precariedad a raíz de la pandemia; pero también por el consumo de refrescos y bebidas azucaradas en niñas y niños, desde que nacen y hasta los 11 años, con 66% entre quienes los consumen como parte de su dieta diaria.
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