Solo en la Ciudad de México se promueve una iniciativa para derogar el delito de peligro de contagio que sanciona con prisión o multas a personas que viven con VIH por “presuntamente” poner en riesgo la salud de otros.
Patricia Ponce, coordinadora de la Red Mexicana de Organizaciones en contra de la Criminalización del VIH informó que dicho delito sobra, ya que las personas diagnosticadas con VIH son las que menos trasmiten el virus, toda vez que cuentan desde el 2004 con un tratamiento eficaz e incluso por sus cuidados viven con mayor calidad que cualquiera.
La Red Mexicana de Organizaciones contra la Criminalización del VIH, conformada por 40 organizaciones civiles de todo el país, presentó su informe “La legislación mexicana en materia de VIH y sida. Su impacto en las personas viviendo con VIH”.
Los activistas destacaron que a 40 años de los primeros casos producidos por VIH ha habido avances importantes en diagnóstico y tratamiento, pero no ha sido así para eliminar el estigma. “Hoy, lo que mata es la discriminación”, subrayaron.
Indicaron que las legislaciones que penalizan la transmisión VIH son una abominación de la ciencia y la salud pública, por lo que los activistas se pronunciaron por analizar los códigos penales y civiles bajo una óptica de derechos humanos, a fin de derogar leyes que fomenten la discriminación y el estigma.
En los últimos años, Congresos estatales impulsan leyes que sancionan con prisión o multas a personas que viven con VIH por “presuntamente” poner en riesgo la salud de otros a pesar de que la evidencia científica indica que es imposible determinar si una persona específica transmitió o no a otra un virus, indicó Patricia Ponce.
Durante la presentación, Leonardo Bastida Aguilar, integrante de la Red y coordinador del informe dedicó el trabajo conjunto al luchador Carlos Méndez Benavides fundador del Oasis de San Juan de Dios, para después detallar los resultados del análisis donde se revisaron todos los códigos penales y otras legislaciones que restringen derechos humanos elementales, que son discriminatorias, donde cada conclusión está respaldada con pronunciamientos y recomendaciones nacionales e internacionales para su aplicación y seguimiento.
El presente trabajo busca contribuir a la política de No criminalización en nuestro estado mexicano hecho que con frecuencia sufren las personas que viven con VIH. Como ciudadanos debemos asumir nuestra responsabilidad para lograr el punto de igualdad en la dignidad individual y derechos humanos, ideal perseguido desde el siglo pasado
Recordó que en el primer informe publicado en 2017 se detectaron 15 casos procesales en Veracruz bajo el delito de peligro de contagio, 3 en Chihuahua, 14 en Sonora, 3 en la Ciudad de México, 5 en Tamaulipas, 5 en el Estado de México, en total 50 procesos a personas acusadas por una presunción que es imposible comprobar.
Agregó que solo en la Ciudad de México se promueve una iniciativa para derogar el delito de peligro de contagio que sanciona con prisión o multas a personas que viven con VIH por “presuntamente” poner en riesgo la salud de otros.
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Patricia Ponce, coordinadora de la Red Mexicana de Organizaciones en contra de la Criminalización del VIH informó que dicho delito sobra, ya que las personas diagnosticadas con VIH son las que menos trasmiten el virus, toda vez que cuentan desde el 2004 con un tratamiento eficaz e incluso por sus cuidados viven con mayor calidad que cualquiera.
Los activistas señalaron que sin duda, la aplicación del derecho penal debe reservarse para las situaciones graves, cuando se concreta el perjuicio, cuando alguien con dolo trate perjudicar a otra persona, al intoxicar, envenenar o transmitir una infección lo que penaliza no es el contagio en si sino la posibilidad de que suceda y sencillamente penalizar la transmisión VIH es una abominación de la ciencia y la salud pública.
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