Los Defensores Públicos de la Conserjería Jurídica y de Servicios Legales obtuvieron la libertad de 2,496 personas en sede ministerial, dio a conocer la dependencia.
Además, del 1 de agosto de 2020 al 31 de julio de 2021, las personas defensoras públicas brindaron 96,268 asesorías a personas relacionadas con averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
También realizaron la defensa de 48,653 personas ante los órganos jurisdiccionales en materia penal, asuntos en los que se interpusieron 137 recursos de apelación, se promovieron 649 demandas de amparo contra sentencia definitiva y se brindó la representación legal en 31 demandas de amparo indirecto.
La defensa pública en el Sistema Penal Acusatorio se realizó en 5,881 audiencias orales, obteniendo 93 sentencias absolutorias y 4,883 sentencias condenatorias en las que fue posible obtener una medida sustitutiva de la pena de prisión.
Gran parte de los servicios que brinda esta Defensoría Pública en materia penal se realizan desde el procedimiento de investigación, con lo cual se garantiza el acompañamiento legal desde el comienzo del proceso penal.
En materia de ejecución penal se tramitaron 1,380 solicitudes de beneficios penitenciarios, de los cuales fueron concedidos 766 y se negaron 227.
Además, se brindó asistencia legal gratuita a personas privadas de su libertad en 6,049 asuntos sometidos al conocimiento de los Consejos Técnicos Interdisciplinarios de los Centros de Reinser- ción Social de esta Ciudad, obteniendo una resolución no sancionatoria en 1,852 casos.
Para garantizar el derecho humano de acceso a la justicia en la Ciudad de México, la Dirección General de la Conserjería Jurídica y de Servicios Legales a través de la Defensoría Pública, brinda de manera gratuita los servicios de orientación, asesoría, defensa y patrocinio legal en el ámbito familiar, mercantil, mediación, administrativo ante los consejos de honor y justicia; y las demás que conozcan las autoridades jurisdiccionales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
La Unidad Administrativa también brinda servicios Penal, Justicia, adolescentes; Civil; Justicia cívica y especializada.
Para hacer frente a la dimensión técnica que implican los procedimientos judiciales, las personas defensoras públicas se encuentran en constante capacitación y actualización de acuerdo a la normativa procesal vigente, además intercambian experiencias con los diversos operadores jurídicos con el objeto de ampliar el alcance de las instituciones jurídico procesales y fortalecer las herramientas técnicas con las que intervienen en la defensa de los derechos de las personas que habitan en la Ciudad.
A pesar de la suspensión de términos con motivo de la pandemia ocasionada por COVID-19, la atención jurídica gratuita se continuó brindando como actividad esencial, mediante la programación de guardias para garantizar el derecho a la defensa penal en Agencias del Ministerio Público y Órganos Jurisdiccionales.
También se mantuvo la orientación y asesoría jurídica de manera telefónica y digital en las materias familiar, civil, mercantil y arrendamiento inmobiliario, no obstante que durante el año 2020 las actividades disminuyeron en razón de la suspensión de actividades, por parte del Poder Judicial de la Ciudad de México, el cual reanudó sus actividades con ciertas limitaciones en razón de las medidas de protección y en consecuencia la demanda de servicios de defensa pública decreciera.
Con la finalidad de expandir el derecho de acceso a la defensa técnica adecuada, mediante Convenios de Colaboración celebrados entre la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la Secretaria de la Contraloría General y la Fiscalía General de Justicia, se amplió la cobertura de asistencia jurídica gratuita a través de la orientación, asesoría y defensa en los procedimientos administrativos sancionadores en materia de Responsabilidades Administrativas.
En ese marco, se otorgó la defensa en 35 procedimientos ante diversos Órganos Internos de Control, a las personas servidoras públicas presuntamente infractoras, para garantizar el debido proceso.
La Defensoría Pública tiene como objetivo apoyar jurídicamente a las personas en situación de desventaja que no tengan la posibilidad de costear los servicios privados de un profesional del derecho.
Las personas defensoras públicas otorgaron 96,793 asesorías, de las cuales 15,456 corresponden a la materia civil, 76,769 a familiar y 4,576 a otras como la mercantil y de arrendamiento inmobiliario.
De esta manera se dio continuidad a la atención de la demanda de patrocinio jurídico gratuito en juicios civiles, familiares y de arrendamiento inmobiliario, que en este periodo asciende a 6,761 juicios, de los cuales 6,207 fueron de índole familiar y 554 del orden civil y de arrendamiento inmobiliario, en los que con la estrategia jurídica de las personas defensoras públicas se lograron 800 sentencias favorables y únicamente 74 desfavorables.
Entre los juicios de mayor demanda se encuentran las controversias del orden familiar sobre alimentos, con 4,001 asuntos, guarda y custodia con 1,344, divorcio sin expresión de causa en el que se asistió en 900 asuntos y 403 denuncias de juicios sucesorios intestamentarios.
En materia civil el juicio más solicitado es el relativo al arrendamiento inmobiliario del cual se postularon 154 procedimientos judiciales.
Para ejercer el derecho de tutela judicial efectiva en materias de derecho privado, se presentaron 2,411 escritos iniciales de demanda y en defensa de usuarios que tienen el carácter de demandado, se contestaron 980 demandas radicadas ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Respecto de las acciones relacionadas con la perspectiva de género, durante el periodo informado se brindó atención a 52,362 mujeres víctimas de violencia, tramitándose 12 solicitudes de medidas para detener la violencia y se atendió a 971 mujeres en situación de violencia que fueron canalizadas por diversas instituciones como la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de las Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres, entre otras.
La justicia penal para adolescentes representa una función esencial para la sociedad, dado que el respeto a los derechos de los menores enmarca el desarrollo de este sector de la población, por lo que se refrendó el compromiso de la Defensoría Pública con diferentes acciones de atención en el periodo que nos ocupa, ya que se otorgaron 17,399 asesorías tanto a menores en conflicto con la ley como a sus familiares respecto a la situación legal de aquellos, esto con el propósito de darles certeza jurídica sobre su derecho a un debido proceso, de igual forma se asistió en la defensa especializada de 4,188 personas adolescentes a través de la intervención jurídica en 2,963 audiencias y la interposición de 17 recursos y demandas de amparo.
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