A un mes de iniciados los foros de discusión para crear una Ley de Amnistía en el Estado de México, diputados de la entidad estiman que en el último bimestre del presente año estará aprobada dicha ley, que permitiría la liberación de unas 6 mil personas de las diferentes cárceles.
De acuerdo con el legislador presidente de la Diputación Permanente, Max Correa, tras los encuentros con expertos y funcionarios de alto nivel en la entidad, se prevé que el nuevo ordenamiento legal se denomine Ley de Amnistía y Justicia Penal.
Los diputados han sostenido encuentros con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi, con quien establecieron acuerdos para mantener la cooperación con el Poder Legislativo, además de coincidir en el hecho de retomar las iniciativas y las aportaciones del Poder Judicial, de la Fiscalía y de la Comisión de Derechos Humanos.
En entrevista, Max Correa manifestó que entre otras razones, la intención de crear una Ley de Amnistía es para aminorar la sobrepoblación en las 22 prisiones del Estado de México, donde hay más de 30 mil internos, cuando la capacidad en conjunto es de alrededor de 13 mil.
Agregó que también se busca acabar con los excesos en el sistema de impartición de justicia, aunque aclaró que los legisladores pretenden liberar a personas consideradas vulnerables, entre los que se encuentran campesinos, que por defender sus tierras y el agua se les inició un proceso judicial y terminaron encarcelados.
De la misma manera, dijo, hay casos donde jóvenes que fueron sorprendido portando mariguana, aunque haya sido para consumo propio, hoy están tras las rejas, y mujeres que ante la necesidad de abortar fueron llevadas a prisión, o bien, los llamados presos políticos.
Enfatizó que la idea no es beneficiar, bajo ninguna circunstancia, a quienes hayan cometido algún delito mayor o grave, sean reincidentes o delincan con habitualidad, porque de lo que se trata es también brindar protección a las víctimas, aunque en las discusiones hay quienes argumentan que se deben revisar todos los casos, aun tratándose de presos por delitos graves.
En el seno del Congreso mexiquense se discuten cuatro iniciativas sobre Ley de Amnistía, una presentada por la fracción parlamentaria de Morena, otra del PT, una más del PRD, y una última con carácter de ciudadana, a cargo del activista José Humbertus Pérez Espinoza, quien estuvo privado de su libertad en una cárcel durante el gobierno pasado y fue considerado como preso político.
Apenas el pasado 27 de julio comenzó formalmente la carrera legislativa para este propósito, después de que desde mayo pasado fueran presentadas las iniciativas correspondientes. Los trabajos incluyen a diversos colectivos, al Poder Judicial, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, al Colegio de Abogados, a organismos de derechos humanos tanto estatales como internacionales, así como a las víctimas.
El proyecto legislativo prevé fortalecer los instrumentos y la experiencia de la estrategia aplicada en la Ley Nacional de Ejecución de Penas por la pandemia, con la cual han sido liberadas más de mil 800 personas, a fin de maximizar los beneficios, pero también darles seguimiento y salvaguardar los derechos de las víctimas.
