Aún y cuando hay avances significativos en la protección de los derechos de las personas trabajadoras del hogar, el uso del uniforme a los que las obligan sus empleadores que es común en diversas colonias de la capital del país, representa discriminación y desigualdad, algo que se debe desterrar desde la Ley Federal del Trabajo, consideró la coordinadora de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas del Congreso de la Ciudad de México, Elizabeth Mateos Hernández.
Para tal efecto, promueve reformar el párrafo cuarto del Artículo 331 TER dentro de la Ley Federal del Trabajo en materia de personas trabajadoras del hogar, a fin de eliminar la obligatoriedad de esta prerrogativa y garantizar la voz de los empleados en la elección de su vestimenta para su labor.
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La diputada local integrante de la Junta de Coordinación Política del recinto de Donceles y Allende fundamentó que las labores del hogar son el eje de una familia y en la Ciudad de México existen 369 mil 310 personas dedicadas al trabajo doméstico remunerado, de las cuales 32 mil 143 son hombres y 337 mil 167 son mujeres, que requieren de garantías y condiciones dignas para el mejor desempeño de su tarea.
Mateos Hernández insistió que los avances en la materia son importantes, sin embargo, el uso de uniformes en el trabajo del hogar no debe ser una imposición del empleador, porque puede convertirse en un símbolo de discriminación y desigualdad.
Dio cuenta que la iniciativa que promueve va dirigida a que “la elección de la indumentaria sea un acto personal y no una imposición por parte de otros, estamos en contra de cualquier práctica que obligue a utilizar uniforme sin existir previo consentimiento”.
Avances significativos
La congresista por Iztacalco sostuvo que en el país se han logrado avances significativos como la ratificación del Convenio 189 y la Recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establecen derechos fundamentales para las y los trabajadores del hogar.
Delineó que se ha avanzado en la dirección correcta al ratificar el Convenio 189, que entró en vigor en julio de 2021, el cual garantiza mejores condiciones laborales, igualdad de oportunidades y medidas para prevenir la discriminación, en un sector particularmente vulnerable.
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Elizabeth Mateos se refirió a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitida en 2018, donde se reconoce que excluir a las personas trabajadoras del hogar del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) era una violación de sus derechos, lo cual llevó a la implementación de un programa de aseguramiento para este grupo.
Símbolo de discriminación
Señaló que el uniforme más que una herramienta de trabajo, se ha desvirtuado al grado de convertirlo en un símbolo de discriminación, al tiempo que acotó que “cada ropa que decidimos usar tiene un mensaje, para el caso del uniforme, constituye la desindividualización y la imposición de una jerarquía, de ahí la importancia de la iniciativa”.
Mencionó que las personas trabajadoras del hogar han sido históricamente objeto de una discriminación estructural, debido a que enfrentan obstáculos para ejercer sus derechos a raíz de la naturaleza misma de su empleo, por lo que es fundamental otorgar mejores condiciones para el desempeño de sus labores.
Pugnó por eliminar de los dogmas jurídicos, los preceptos que puedan constituir actos de discriminación a efecto de tutelar y salvaguardar los derechos de igualdad y no discriminación.
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