Las organizaciones criminales diversifican sus fuentes de ingresos para evitar su extinción, si solo se dedicaran a un solo delito, cualquier golpe de la ley o pérdida de plaza frente a sus contrincantes sería una condena de muerte. Por ello, cada grupo delictivo pone en operación una serie de actividades ilícitas afectando a la ciudadanía.
Cuando no se dedican a la venta de drogas, emplean el secuestro, la extorsión, el “derecho de piso”, las ejecuciones, las distintas modalidades de robo y, recientemente, un delito que les genera jugosas ganancias: el despojo de inmuebles.
De 2018 al primer trimestre de 2024, se documentaron 25 mil 835 carpetas de investigación por el delito de despojo, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las coordinaciones territoriales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (Fidampu).
En los últimos tres meses, en la Fiscalía General de Justicia (FGJCdMx) encabezada por Ulises Lara, se siguen acumulando las denuncias por el delito de despojo o invasión de inmueble s. De enero a septiembre de este año, La Prensa ha documentado por lo menos siete casos muy sonados en la Ciudad de México. Pero, ¿bajo qué condiciones se cometen y cuáles son las alcaldías donde más se registran estos delitos?
Los invasores
Existen despojadores que se conocen como “paracaidistas”. Se trata de grupos de personas que se adueñan de inmuebles y terrenos de forma ilegal.
Uno de los casos se da cuando un domicilio, departamento o terreno se encuentra abandonado y este grupo de personas lo invade y permanece en él sin tener algún documento legal que les dé derecho a esa propiedad.
Estos invasores rompen cerrojos, cambian las chapas de las puertas e, incluso, en el caso de los terrenos, suelen bardearlos o alterar los límites.
En otras ocasiones, los “paracaidistas” despojan las propiedades ejerciendo la violencia, empleando amenazas y engaños a los dueños para que estos no pongan resistencia.
Intentan tomar un condominio
El 30 de enero de este año, un grupo de al menos 20 personas intentaron despojar de sus departamentos a los habitantes del inmueble marcado con el número 3, de la calle Tanana, en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez.
El grupo de invasores llegó muy temprano, amedrentando con armas de fuego, palos, tubos y hasta piedras a los habitantes del inmueble, quienes pidieron el apoyo de la policía capitalina.
Cuando los invasores golpeaban las puertas de los departamentos para sacar a los inquilinos, llegaron agentes del Grupo Zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CdMx) y, después de un breve enfrentamiento con los agresores, lograron detener a 13 varones y siete mujeres, a quienes trasladaron a las oficinas de la FGJCdMx bajo un fuerte dispositivo de seguridad.
Al lugar llegó el apoderado del edificio, quien mostró la documentación legal del inmueble, por lo que acudieron a las oficinas de la Fiscalía capitalina, en la colonia Doctores, para levantar la denuncia correspondiente.
Entonces, los vecinos agredidos comentaron que no era la primera vez que un grupo violento llegaba a su edificio a tratar de despojarlos de sus viviendas.
El crimen organizado
Pero los “paracaidistas” no son los únicos que se apoderan de los inmueble s de los capitalinos, también las organizaciones del crimen organizado como “La Unión Tepito”, en la capital, o “La Chokiza”, en Ecatepec, se dedican al despojo para convertir las propiedades en casas de seguridad, centros de operación y puntos de venta de droga.
De acuerdo con datos de la FGJCdMx, “La Unión Tepito” se ha apoderado de manera ilegal de varios inmuebles en las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Azcapotzalco.
Uno de estos casos de despojo, lo documentó La Prensa el 26 de enero de 2024, día en que se dio a conocer la detención de Daniel Andrés “N”, líder de una célula delictiva de “La Unión Tepito”, quien se dedicaba al despojo de inmuebles en las colonias San Rafael y Guerrero, en la Cuauhtémoc.
Su modus operandi no era tan sofisticado, más bien recurría a la violencia explícita. Elegía el inmueble por invadir y con su grupo de tres a cinco personas abordaban a los dueños en sus mismos domicilios, ahí los golpeaban, los amenazaban con armas de fuego y aplicaban también la tortura emocional, diciéndoles que mejor abandonaran sus propiedades si no querían morir o que le pasara algo “malo” a algún familiar.
En otros casos, secuestraban a algún familiar del dueño del inmueble, se contactaban con él y amenazaban con matarlo si no les entregaban la propiedad, y por si fuera poco, también cobraban por el rescate de la persona.
El 26 de enero de 2024 el mismo Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC CdMx, dio los detalles de cómo se logró la detención, la cual fue gracias a las denuncias de los afectados.
La SSC inició las investigaciones y logró ubicar al presunto líder criminal, quien finalmente fue detenido en un inmueble en la colonia San Rafael, donde también le incautaron droga.
Delito que prolifera
Otra característica por la cual el delito de despojo prolifera y queda impune es porque los grupos delictivos presuntamente trabajan en complicidad con autoridades de distinto nivel, llámense ministerios públicos, policías, jueces y/o servidores públicos.
El 25 de marzo pasado La Prensa dio a conocer el caso de una víctima de despojo, el cual se cometió en noviembre de 2023, cuando un grupo de sujetos se había apoderado de una bodega ubicada en la calle de Kioka, número 45, en la colonia Euzkadi, alcaldía Azcapotzalco.
Cuando un empleado llegó a la bodega, notó que habían cambiado las chapas de entrada y que la ocupaban otras personas. Al preguntarle a uno de los sujetos que estaba adentro, este hizo una llamada telefónica y, en pocos minutos, llegaron varias patrullas con policías vestidos de negro y le negaron la entrada a su inmueble, además de amedrentarlo y agredirlo físicamente.
Así que el apoderado legal acudió al Ministerio Público a levantar la demanda correspondiente, donde se abrió la carpeta de investigación CIFIAZ/ UA TAZ4/ UI2 S/D/05057/ 112023, sin embargo, el denunciante señaló que las autoridades no hicieron las investigaciones ni le notificaron información alguna.
Días después logró recuperar su inmueble, pero no por la acción de las autoridades, sino por sus propios medios y aprovechando que no se encontraban los invasores en la bodega.
No obstante, los invasores regresaron y apoyados de nuevo por presuntos policías vestidos de negro y encapuchados, sometieron al dueño y a uno de sus trabajadores, luego argumentaron que tenían reportado que en el lugar se realizaban actividades ilícitas, por lo que los sometieron y amedrentaron con armas de grueso calibre para después subirlos a una camioneta, donde los golpearon y, finalmente, los abandonaron en una calle poco transitada.
Así fue como los invasores volvieron a tomar el inmueble. Ese mismo 1 de febrero, el dueño se presentó ante el ministerio público y levantó una segunda demanda, por la cual se abrió la carpeta de investigación CIFIAZ/ UA TAZ4/ UI1 S/ D/00404/022024, sin que se ordenara la detención de alguno de los agresores.
A la fecha, el denunciante no ha recuperado su inmueble y acusa a las autoridades de la Fiscalía y a los ministerios públicos de no investigar y de favorecer a los agresores.
Despojan a una familia en la Narvarte
Un caso similar le ocurrió a una familia que tenía su domicilio en la colonia Narvarte Poniente, quien fue despojada de su inmueble por dos presuntos policías de la SSC, un inspector y un oficial, quienes aprovecharon la ausencia de los dueños, para cambiar cerraduras y apoderarse del inmueble.
Al llegar los dueños a su propiedad, afuera estaba una patrulla de la SSC con los dos policías mencionados, quienes les dijeron que su domicilio había sido tomado por la autoridad y se encontraba “bajo custodia”, ya que el ministerio público había girado una orden por supuestas actividades ilícitas en el inmueble.
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Sin embargo, los policías nunca mostraron al dueño la supuesta orden judicial, pero sí se pusieron violentos y lo golpearon frente a su esposa e hijos, por lo que no le quedó de otra, que retirarse de su propia casa.
Días después, el inspector le pidió 300 mil pesos al dueño para devolverle su propiedad, y le dijo “que le hiciera cómo quisiera”, ya que a ellos los protegía un influyente mando policiaco.
Lugar de los hechos: colonia Obrera
Un caso reciente de despojo ocurrió en la colonia Obrera, el pasado 3 de septiembre de 2024, cuando un grupo de personas intentaron tomar un inmueble por la fuerza.
Los vecinos afectados solicitaron el apoyo de la policía capitalina, que arribó al lugar; oficiales de la SSC dialogaron con un sujeto, quien dijo ser actuario y tener una orden de desalojo, pero cuando le solicitaron la documentación judicial, nunca la mostró, por lo que fue detenido, junto con 11 presuntos policías más de la misma SSC, que habían acudido para apoyar el desalojo.
Los 12 detenidos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, así como sus armas de cargo, además de que la Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tomó el caso para realizar una investigación al respecto.
Atacan a grupos vulnerables
Los invasores siempre buscan nuevas formas de apoderarse de los inmuebles, y otro modus operandi es el de atacar a poblaciones vulnerables, los adultos mayores son de los más afectados.
A finales de julio de 2024, un matrimonio de la tercer a edad fue encontrado muerto en San Salvador Tizatlalli, Metepec, Estado de México, luego de que sus familiares los reportaran como desaparecidos.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCdMx), el matrimonio tenía su domicilio en la colonia Nueva Santa María, alcaldía Azcapotzalco, lugar donde sujetos los llevaron con engaños a Metepec, para firmar unos documentos, prometiéndoles que les venderían un departamento con muchas facilidades en el número 143 de la calle Trabajadores de Hierro, de la misma alcaldía.
Los delincuentes se hicieron pasar por trabajadores del Instituto Nacional de la Vivienda (Invi), para ganarse la confianza de sus víctimas y no despertar sospechas.
La indagatoria de la FGJCdMx indica que los adultos mayores fueron llevados a un domicilio ubicado en San Salvador Tizatlalli, en Metepec, donde los ejecutaron junto con un familiar más.
La Fiscalía, luego de encontrar los cuerpos, logró dar con el paradero de los presuntos asesinos y los detuvo. La vinculación a proceso contra estos tres sujetos por el triple homicidio se dio a conocer en La Prensa, el 29 de julio de 2024.
La investigación señala que estos sujetos pretendían despojar de su inmueble al matrimonio de adultos mayores, y en un dado caso, si no despojarlos de su propiedad, sí al menos extorsionar a sus familiares para que pagaran un rescate por ellos. Al final, ni una ni otra, los mataron.
Atacan a los que viven solos
Cuando los adultos mayores viven solos, el riesgo de ser despojado de su inmueble por los grupos de la delincuencia es mucho mayor.
En algunas ocasiones los invasores eligen a su víctima, tocan a su puerta y con violencia echan a la calle a los viejitos, apoderándose de su propiedad.
En otras, aprovechan cuando los viejitos salen de casa para romper las chapas y meterse. En casos como este, pocas veces acuden los adultos mayores a denunciar y quedan en el desamparo total.
Otras veces, aunque acudan a levantar la denuncia, los ministerios públicos no proceden con la investigación, ya sea por omisión o porque en varias ocasiones también están coludidos con los grupos criminales.
Existen casos en que presuntos servidores públicos del Invi o del Registro Único de la Propiedad se alían con los grupos delincuenciales para llevar a cabo despojos.
Estos conocen información sobre inmuebles que tienen algún problema legal y se vuelven sus objetivos. De ahí parten para visitar a los dueños y extorsionarlos o, para quitarles de forma definitiva, por medio de la violencia, sus inmuebles.
En otros casos, los servidores públicos ubican propiedades que se encuentran abandonadas, informan a sus cómplices de la delincuencia organizada y se apropian de ellos, luego, aprovechan sus cargos e influencia para tramitar contratos de compraventa e incluso hasta escrituras para hacer lo que quieran con los inmuebles.
Otra forma se da, cuando algún funcionario público filtra información a los grupos de invasores, saben por su cargo cuál inmueble está en una situación irregular, o si está dentro de algún programa del Invi de la CdMx, para realizar el despojo apoyados, muchas veces, por presuntos policías y respaldados por presuntos ministerios públicos, notarios y fiscales. Quizá por ello no proceden las investigaciones y mucho menos se realiza alguna detención.
Juego sucio en todos lados
Otra variante más de despojo e s cuando presuntos f uncionarios corruptos ubican un inmueble con daños estructurales, problemas legales o en abandono, entonces, con apoyo de policías y ejerciendo la violencia lo invaden p ara después ofrecerlo a constructoras e inmobiliarias corruptas, luego arreglan la documentación y así obtienen la propiedad.
Esta forma de despojo suele terminar en inmueble s de departamentos o en grandes plazas comerciales, cuyas constructoras e inmobiliarias se llevan jugosas ganancias con su venta, además de contribuir de este modo con la gentrificación.
Entidades con más denuncias de despojo
El 16 de abril de 2024, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso de la Ciudad de México, Silvia Sánchez Barrios, exhortó a las autoridades a investigar los casos de despojo en la capital del país, ya que van en aumento, pues de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) “en la metrópoli se registran, al me s, dos mil 300 denuncias por despojo de inmueble s, cuyas alcaldías donde más se presenta este delito son Cuauhtémoc, Coyoacán, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Tlalpan”.
Las cifras son pre ocupantes y van en aumento, tan solo en los últimos cuatro años se han cometido más de la mitad de casos de despojo de este sexenio.
De 2018 al primer trimestre de 2024, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió más de 25 mil carpetas de investigación por el delito de despojo de inmuebles, en la capital del país. No obstante, este es uno de los delitos que mayor impunidad registra, pues desde 2016, solo se ha ejercido acción judicial en 332 carpetas de investigación, sin que a la fecha, haya una sola persona cumpliendo condena por este ilícito.
Toman las calles
Tras la acumulación de denuncias y la inacción de las autoridades, los afectados por el delito de despojo han recurrido a tomar las calles, a re alizar manifestaciones y bloqueos de importantes vialidades, para que los tomen en cuenta y se lleven a cabo las investigaciones.
Las víctimas se muestran desesperadas y han señalado que no les ha quedado de otra, más que tomar las calles, para que las autoridades de la FGJCdMx dejen de ser omisas, pues en varios casos, cuentan con las pruebas suficientes p ara ejercer acción penal y simplemente no hacen algo, imperando la impunidad y dejando muchas dudas sobre si están coludidas con la mafia del despojo.
De acuerdo con el Artículo 237 del Código Penal vigente en la CdMx, las pen as para quienes ocupen a la fuerza o por medio de la violencia un inmueble son de cinco a diez años de cárcel y una multa de 500 unidades (UMA s), e s decir, de hasta 217 mil 140 pesos.
En conclusión la mafia del despojo está estructurada en tres niveles básicos:
Uno, por grupos delincuenciales que operan solos e implementan básicamente la violencia para cometer el despojo.
En un segundo nivel están los grupos de la delincuencia organizada que proceden con el apoyo de autoridades: llámense policías o ministerios públicos. Estos cometen el despojo por medio de la violencia y ante las denuncias de las víctimas, las investigaciones no proceden, quedando en la impunidad las carpetas de investigación.
Un tercer nivel es la presunta colusión de grupos del crimen organizado con autoridades, funcionarios y servidores públicos.
Se trata de una red más poder osa en la que los mismos funcionarios o servidores públicos filtran información a los grupos del crimen organizado sobre los inmuebles y propiedades por invadir.
Los delincuentes acuden a dichos inmuebles y cometen el despojo aplicando la violencia extrema, seguros que bajo el amparo de las autoridades, nadie moverá un dedo para investigar los casos y la impunidad queda garantizada. Este rango de la mafia del despojo es la más peligrosa y efectiva, y quedando en el desamparo las víctimas de este delito que va en auge… sólo basta revisar las cifras.
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