La Ley de Responsabilidad Ambiental para la Ciudad de México, recién avalada en el Congreso capitalino, evitará que la metrópoli siga con el sufrimiento de un daño medioambiental, debido a que obligará a las personas a asumir la responsabilidad de haber contaminado, restituir o compensar y pagar una sanción económica por ello.
Destacó lo anterior el coordinador de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el recinto de Donceles y Allende, Javier Ramos Franco, quien refirió que la ley aprobada contempla, de manera innovadora, la reparación integral del daño.
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Expuso que, además, establece la creación de juzgados y salas civiles especializadas; el procedimiento ante dichas instancias sobre responsabilidad ambiental; las medidas cautelares y acciones precautorias para prevenir y hacer que cesen los daños y la ejecución y el cumplimiento oportuno de la sentencia, así como su seguimiento, entre otras.
Asimismo, el diputado local verde ecologista detalló que las aportaciones más modernas de la legislación consisten en incluir no solo a los elementos naturales, sino también a los artificiales del ambiente, como las construcciones, por incumplimiento de la normatividad aplicable, así como los daños a la salud de las personas, por la liberación de contaminantes al ambiente.
Ramos Franco precisó que, con lo aceptado por la mayoría de los representantes populares del Poder Legislativo local, se incorpora un procedimiento abreviado, que podrá darse cuando la persona demandada acepte o reconozca expresamente que, por su acción u omisión, ha causado el daño que se le atribuye, siendo además susceptible de que se le imponga el mínimo de la sanción económica.
Mencionó que se establece un mecanismo para promover que las personas morales promuevan en su accionar el cumplimiento de la normatividad ambiental, porque de hacerlo en caso de resultar responsable por daño ambiental, se le podrá disminuir hasta dos terceras partes e incluso exonerarla de la sanción económica prevista en la ley, sólo si cumple con algunos requisitos, como no haber sido sentenciados anteriormente y contar con seguros de responsabilidad, entre otros y, principalmente, haber cumplido con el debido control organizacional antes de la producción del daño.
“Entonces, cómo nos podemos dar cuenta, las bondades e innovaciones de esta Ley son bastantes y por ello es que me atrevo a decir que nos colocan a la vanguardia en materia de cuidado y restauración del medio ambiente, dos aspectos sumamente necesarios en esta época de depredación de los recursos naturales que estamos viviendo”, afirmó el también vicepresidente de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Congreso de la Ciudad de México.
Javier Ramos subrayó que la expedición de dicha ley se basa en el principio de que “quien contamina paga”, principio 16 de la Declaración de Río de 1992, el cual tiene como objetivo evitar el daño medioambiental, obligando, en su caso, a asumir la responsabilidad por la contaminación que se genere, restituir o compensar y, además, pagar una sanción económica por ello.
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