La imposibilidad de implementar las leyes orgánicas y de ordenamiento urbano vigentes desde la década de 1940 detonó la expansión de la Ciudad de México hacia la periferia, señaló Georg Leidenberger, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Ese marco jurídico trataba de controlar dicho fenómeno, sin embargo, el problema no fue la falta de planeación sino la aplicación, toda vez que los lineamientos establecían con claridad el límite que se disponía para la capital del país, prohibiendo asentamientos habitacionales más allá de lo que ahora es el Circuito Interior, pero no lograrlo llevó al gobierno a expropiar algunas zonas.
En la década de 1930 había un millón de habitantes, 20 años después se detonó una enorme tasa de incremento, de entre 2.8 y 2.9 millones de personas, debido al despegue industrial por la sustitución de importaciones y el auge económico durante y después de la Segunda Guerra Mundial que llevó a una centralización de ese proceso en la ahora Zona Metropolitana de la Ciudad de México.
En la conferencia “Buscando un techo en la megalópolis”. La política de vivienda de la CDMX en perspectiva histórica, Georg Leidenberger, recordó que en las décadas de 1930, 1940 y 1950 fue cuando inició la gestión estatal del sector que sentaría un patrón de desarrollo urbano presente hasta la actualidad.
Debido al amplísimo crecimiento, tanto de la población como del territorio, por lo que la política para el siglo XX en este ámbito se puede reducir a algo muy básico: la demanda que en la localidad y sus alrededores excede muchísimo la oferta.
Expuso que la migración del campo a la metrópoli exigía una casa, lo que también contribuyó a una mayor demanda habitacional en los alrededores del Centro Histórico, donde “encontramos vivienda popular construida en lotes de iglesias y de la alta burguesía, mejor conocida como vecindad o tugurio.
Que pronto dejó de ser una opción ante el desbalance de la oferta y la demanda, aunque con el presidente Manuel Ávila Camacho se decretó la renta congelada”, dijo el académico de la Licenciatura de Historia en la Unidad Iztapalapa.
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La gente que llegaba a la capital formó colonias proletarias, llamadas herradura de tugurios debido a que no podían pagar renta e invadían los terrenos, que no contaban con servicios, pero se ubicaban relativamente cerca de sus centros de trabajo.
Además estaban las colonias proletarias periféricas creadas mediante ventas fraudulentas de fraccionadores en las delegaciones Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Álvaro Obregón.
La mancha urbana fue ampliándose poco a poco, sin que el gobierno tratara de rescatar al Centro Histórico, en primer lugar, ya que la administración de Lázaro Cárdenas, por ejemplo, no destinaba recursos al rubro, al estar enfocado en obras públicas.
Tampoco “hubo una política habitacional per se por parte del Estado, pero sí una política reactiva” que lo llevó a actuar como una especie de árbitro a través del entonces Departamento del Distrito Federal y otras instancias para expropiar y repartir, en una postura casi pasiva.
Más tarde, “el Estado, en colaboración con el sector privado, empezó la construcción de casas para trabajadores y burócratas, ya no tan cercanas a sus empleos, entre otros proyectos que no llegaron a concretarse”.
Con el regente Ernesto P. Uruchurtu de nuevo se suscribió la idea de controlar la extensión de la ciudad, promoviendo medidas de regularización que lo llevaron a entrar en conflicto con el gobierno federal y con movimientos sociales fuertes de inquilinos, muchos de los cuales rechazaban los departamentos y no podían controlar las rentas ni asegurar el mantenimiento de los espacios, concluyó.
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