Ciudad de México.- La Ciudad de México se ubica en el lugar 32 en el apartado de ausencia de corrupción, ocupa el último lugar, lo que contrasta en lo relativo a gobierno abierto en el que obtuvo la puntuación más alta de todas las entidades del país, con base a los resultados del índice de Estado de Derecho en el país 2020-2021, que revela un estancamiento en el progreso de la nación.
Resulta que el Estado de Derecho, de acuerdo al reporte presentado por el World Justice Projet (Proyecto de Justicia Mundial o WJP por sus siglas en inglés), que para su edición de este año fue preparado por un equipo de especialistas, es un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades están sujetas al cumplimiento de la ley, la cual es respetuosa de los derechos humanos y se aplica de forma equitativa, justa y eficiente.
En la capital del país, como en las demás 31 entidades, se enmarcó en ocho factores el concepto de Estado de Derecho: límites de poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
El índice utiliza una escala de 0 a 1, donde éste último significa mayor adhesión al Estado de Derecho en México y, la brecha se mantiene extensa. Para la metrópoli todas las áreas tienen aún retos importantes.
De acuerdo a lo obtenido, la urbe permanece sin cambios en sus promedios obtenidos, al igual que nueve estados, en relación al 2019. En su edición 2020-2021, en la que el puntaje general para la ciudad es de 0.36, el índice se reafirma como el instrumento más completo de medición acerca de la situación que guarda el país.
Los puntajes obtenidos para los ocho factores son comparables de forma longitudinal para cada entidad federativa y, reflejan las perspectivas y experiencias de más de 25 mil personas y de dos mil 300 especialistas en las materias analizadas, combinados y validados con datos cuantitativos de terceras fuentes de información, altamente confiables como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Por lo que hace a límites de poder gubernamental, que mide si en la práctica los pesos y contrapesos institucionales limitan el accionar de quienes gobiernan, en particular la jefa de gobierno, alcaldes y autoridades del Ejecutivo, la Ciudad de México obtuvo la posición 27 con un puntaje de 0.40, cuando Nuevo León se ubicó en el primer lugar con 0.51 y Veracruz en el 32 con 0.34.
En los puntajes desagregados para ese factor, los Poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos de control, se describen como un contrapeso eficaz y obtuvieron 0.37, 0.48 y 0.26, respectivamente. Las sanciones por abuso de poder 0.39, los contrapesos no gubernamentales que son eficaces 0.51 y con 0.38 el apartado relativo a que las elecciones se apegan a la ley.
Dentro de lo relativo a la ausencia de corrupción, definida como el uso del poder público para obtener un beneficio privado en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en el sistema de seguridad y procuración de justicia, la capital de México quedó en el puesto 32 con 0.30 de puntaje, cuando Querétaro quedó en el primer sitio con 0.46.
Se consideran tres formas de corrupción, tal es el caso de sobornos, influencias indebidas y la aprobación incorrecta de recursos públicos.
En los cuatro sub-factores de ausencia de corrupción, el Ejecutivo obtuvo 0.26; Judicial 0.40; instituciones de seguridad y procuración de justicia 0.24 y el Legislativo 0.29.
Por lo que tiene que ver con gobierno abierto, que se define como aquella administración que comparte información, empodera a las personas que exijan rendición de cuentas y fomenta la participación ciudadana en la toma de decisiones, la Ciudad de México quedó en la primera posición con 0.51 y en el lugar 32 Querétaro con 0.27.
En ese factor se midió en la urbe si los habitantes pueden conocer el accionar del gobierno e incidir en sus decisiones. Por lo que hacer a participación ciudadana el puntaje fue de 0.40 y en derecho a la información pública la metrópoli obtuvo 0.62, que la ubica como la segunda en calificación alta.
La capital del país, en derechos fundamentales que mide la protección efectiva de los derechos humanos, la posición que obtuvo fue la 22, con un puntaje de 0.48, con Veracruz que se situó en el 32 con 0.41 y Querétaro en el primer sitio con 0.56.
Dentro de ese tema que se centra en los derechos civiles e individuales, se midió la ausencia de discriminación y el debido proceso legal que obtuvieron 0.39; en tanto que la libertad de expresión quedó con 0.51; libertad religiosa 0.78 puntaje que la ubica como la más alta; derechos a la privacidad 0.32; libertad de asociación 0.59 y derechos laborales con 0.37.
En orden y seguridad, que mide si el Estado es efectivo en garantizar la seguridad de las personas y la de sus propiedades, el lugar obtenido por la urbe fue el 27 con un puntaje de 0.24, en tanto que Guanajuato quedó en el 32 con 0.22 y Yucatán en el primer lugar con 0.84.
Se estableció que la seguridad es uno de los aspectos definitorios de cualquier sociedad que se rige por el Estado de Derecho y es una función fundamental, en tanto que en el sub-factor ausencia de homicidios el puntaje fue de 0.33; ausencia de crimen 0.08, el más bajo de lo reportado y si las personas se sienten seguras con 0.32.
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En el factor seis, cumplimiento regulatorio que determina si la normativa y las regulaciones se aplican de manera efectiva, quedó en el sitio 31 con 0.32, por arriba de Chiapas con 0.27, en tanto que con el puntaje más alto de todas las entidades resultó Guanajuato con 0.49.
Dentro de los sub-factores que no evalúan el tipo de actividades que los gobiernos estatales deciden regular o si la regulación de determinada actividad es apropiada, la ciudad en cumplimiento regulatorio eficaz obtuvo 0.38; cumplimiento regulatorio libre de corrupción 0.25; procedimientos administrativos eficientes y debido proceso en procedimientos administrativos con 0.34 y derecho de propiedad 0.30.
En justicia civil, la metrópoli está en el lugar 28 con 0.33, Quintana Roo en el 32 con 0.31 y Guanajuato por arriba de todos con 0.45. En ese rubro se calcula si las personas pueden acceder a mecanismos pacíficos y efectivos para resolver sus controversias, a través del sistema de justicia civil.
Si las personas conocen sus derechos, el puntaje para la urbe fue de 0.29; acceso a información y a asesoría legal asequible en casos civiles 0.35; justicia civil asequible y sin procesos burocráticos con 0.29; justicias civil imparcial, independiente y libre de corrupción 0.41; justicia civil de calidad 0.36; justicia civil expedita 0.26; ejecución efectiva de las resoluciones en materia civil 0.30 y mecanismos alternativos de solución de controversias accesibles, imparciales y expeditos obtuvo el puntaje de 0.43.
El factor ocho, relativo a justicia penal, la capital está en el puesto 30 con un puntaje de 0.29, Veracruz en el 32 con 0.27 y Querétaro en el primer puesto con 0.49. Se evaluó, en su momento, la efectividad y la calidad de ese sistema.
Quedó asentado que un sistema de justicia penal efectivo es un aspecto esencial del Estado de Derecho, al contribuir en el mecanismo formal para reparar agravios.
Con motivo a la investigación penal eficaz el puntaje quedó en 0.16, el segundo más bajo; procuración e impartición de justicia eficiente y eficaz 0.25; derechos de las víctimas 0.37; debido proceso legal 0.39; justicia penal imparcial, independiente y libre de corrupción 0.31 y sistema penitenciario seguro y respetuoso de los derechos humanos se ubicó con 0.29.
En el reporte del índice de Estado de Derecho en México 2020-2021, se incluyen los datos de ejercicios anteriores y, el WJP da cuenta que la capital del país en 2018 obtuvo un puntaje de 0.40 en límites al poder gubernamental y en orden y seguridad; 0.27 en ausencia de corrupción; 0.51 en gobierno abierto y derechos fundamentales; 0.30 en cumplimiento regulatorio; 0.35 en justicia civil y 0.32 justicia penal. El puntaje general se ubicó en 0-37.
Para el reporte 2019-2020, el puntaje general para la urbe fue de 0.36, con prácticamente sin cambios en sus promedios en comparación a los resultados del 2020-2021, con 0.41 para límites al poder gubernamental; 0.28 en ausencia de corrupción; 0.51 gobierno abierto; 0.49 en derechos fundamentales; 0.22 orden y seguridad; 0.32 cumplimiento regulatorio; 0.34 justicias civil y 0.29 justicia penal.
ESTADO DE DERECHO SUSTENTO PARA LA IGUALDAD
Cuestionado sobre el Estado de Derecho, el presidente de la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso de la Ciudad de México, Federico Döring Casar, coincidió con el WJP, en el sentido de que es el sustento para construir comunidades de igualdad, oportunidades y paz, en tanto que aseguró que se vive en una metrópoli en la que aún no se castiga la corrupción.
Entrevistado por LA PRENSA, el diputado del PAN, quien además funge como secretario de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Legislativo, estuvo de acuerdo en que el Estado de Derecho es la base del desarrollo de gobiernos transparentes que rinden cuentas y de respeto a los derechos fundamentales, al ayudar a combatir la pobreza y proteger a las personas de las injusticia, pero en la capital todavía hay mucho por hacer.
Refirió que la pandemia a causa del Covid-19 fue una causante para que no se avanzará en mucho rubros, pero también dejó al descubierto que las cosas siguen igual y, como ejemplo puso el incendio de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, que aseguró es muestra de la corrupción al no haber nadie en la cárcel tras el daño patrimonial y pérdida millonaria que causó la falta de mantenimiento.
“No se castiga la corrupción y seguimos igual o peor”, señaló el también integrante de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez en el Legislativo local, quien describió el índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 como un ejercicio serio, que revela que sigue la impunidad institucional, con una jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, que está más preocupada en su imagen que en combatir todo lo negativo que prevalece desde años.
El diputado panista, por lo que hace a impartición justicia, expuso que los resultados de los que se dan cuenta pudieran en cierta forma justificarse porque los tribunales se mantuvieron cerrados por la emergencia sanitaria, con juicios que no se han podido resolver.
“Es nulo el avance, la gente se queja de que no tiene justicia”, señaló y destacó que el gobierno local manipuló la suspensión de términos de muchos organismos, tal es el caso de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO).
Manifestó que no hubo transparencia en tribunales y es difícil evaluar la justicia, cuando en el último año prácticamente ha estado ausente en la metrópoli y los funcionarios relacionados con la misma no investigan de manera eficaz.
Consideró que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a cargo de Omar García Harfuch sí hace su trabajo de investigación para capturar a delincuentes, pero de poco sirve el esfuerzo que se emprenda si la Fiscalía General de Justicia (FGJ) no da un adecuado seguimiento a los procesos, en tanto que los jueces de control sin tanta complicación liberan a los presentados.
“Hay un pequeño avance con García Harfuch, sí lo veo, pero no es para echar las campanas al vuelo, porque lo que se avanza no lo concreta la fiscalía”, declaró y comentó que la gente no se siente segura, más cuando en la actualidad es asaltada de manera más sofisticada, con el uso de la tecnología, tal es el caso de los drones, algo pendiente a combatir.
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