La liberación de internos de prisiones capitalinas emprendida por el gobierno de la Ciudad de México, no representa un premio o permiso para que la delincuencia organizada continúe su operación, como algunos de manera equivocada lo afirman, sino se trata de reos de baja peligrosidad y es una acción efectuada conforme a derecho, aclaró la bancada de Morena en el Congreso local.
Hizo notar que de 2018 a la fecha poco más de 25 mil internos recuperaron su libertad en la metrópoli, pero no en casos de personas que representan un grave peligro para la población, de acuerdo a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de la administración capitalina.
El diputado morenista en el Congreso de la Ciudad de México, Nazario Norberto Sánchez, hizo alusión a que la acción emprendida por la autoridad en los cetros de readaptación, no se trata de evitar solamente la sobrepoblación en las cárceles.
En su calidad de integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Poder Legislativo, insistió que la liberación se realiza conforme a derecho, porque se trata de reos de baja peligrosidad, que cometieron delitos no graves.
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“En las prisiones capitalinas están aquellos que cometieron ofensas o crímenes contra la sociedad. Hasta el momento, la salida de reclusorios solo está contemplada para personas cuyo ilícito está considerado como menor o que están enfermas por Covid-19 u otros hombres; en edad avanzada o bien, que estaban recluidos por delitos que no cometieron y en el proceso se demostró su inocencia, entre otros casos de bajo riesgo ”, estableció.
Norberto Sánchez, aludió que en el país hay alrededor de mil 200 espacios para los delincuentes de alta peligrosidad. En tanto, los reclusorios federales pueden albergar a casi 30 mil reclusos y hasta marzo pasado, había una ocupación poco mayor de 16 mil 500 internos.
Por ello considerado importante que en el caso del gobierno de la Ciudad de México, se plantee el liberar a aquellas personas que se compruebe no cometieron algún delito y que su proceso así lo respalde, además de los que no representan riesgo alguno para la sociedad en general.
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