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Tras la llegada a Ciudad de México de los estudiantes de las Normales Rurales del país para iniciar con la jornada de protestas por los 10 años desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, las madres y padres de los jóvenes desaparecidos reiteran que siguen “dignamente exigiendo verdad y justicia por nuestros hijos”.
Lamentan que la justicia que prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador nunca llegó, y externaron su decepción con su gobierno, una década después siguen sin saber qué pasó con sus hijos. "Este gobierno no pudo dar verdad y justicia. Ala fecha no sabemos el paradero de nuestros hijos. Las investigaciones avanzaron hasta el año 2022".
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Jornada de lucha en CDMX
Como parte de su jornada en la capital mexicana, la cual arrancó desde el pasado 18 de septiembre, en Chilpancingo, Guerrero.
Este 24 de septiembre se prevé que realicen un mitin en el anti monumento y el 25 irán a la Fiscalía General de la República (FGR). Aunque de un momento a otro realizan ajustes en sus propuestas. En su agenda tienen registrado una protesta frente al Consejo de la Judicatura de CDMX.
El próximo 26 de septiembre realizarán la marcha nacional a diez años de la desaparición de los 43 normalistas, a partir de las 4 de la tarde, del Ángel de la Independencia al Zócalo. El día 27 al mediodía se realizará la Marcha por justicia para los caídos en Iguala Guerrero.
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Resaltaron que cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia prometió justicia a las madres y padres de los jóvenes de Ayotzinapa.
“Dijo que llegaría a la verdad, y sobre todo, daría con el paradero de los estudiantes desaparecidos. Para los padres y las madres de los estudiantes, creó una falsa esperanza que ahora abrió más la herida. A partir del 2022 la investigación se estancó.
En su pronunciamiento “Justicia Fallida”, Madres y padres de los 43, realizaron un diagnóstico del contexto nacional “baste decir que la clase política actual pretende erigirse en la nueva hegemonía”.
Vuelve el presidencialismo vertical y la construcción de un partido político de estado dominante que se ha aliado con las élites económicas y los militares, por lo que difícilmente habrá cambios estructurales, citan.
Refieren que no cesa la violencia galopante con su estela de miles de desaparecidos y asesinados seguirá, porque las mafias locales y regionales persisten con la complicidad de gobiernos, policías y militares.
Organizaciones populares campesinas, sindicales, estudiantiles y de la sociedad civil son llamados intermediarios, siendo blanco de ataques y vituperios del poder presidencial, acusan.
Madres y padres de los 43 destacan que las elecciones locales ganan con dinero, terreno fértil para los grupos delictivos que se enquistan en las estructuras del estado. En esta contienda electoral ganaron. En Guerrero más de cinco Ayuntamientos serán gobernados por grupos de la delincuencia organizada.
Por lo demás la violencia en el país sigue galopante. Las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en la guerra sucia y el caso Ayotzinapa no se esclarecieron en este gobierno por el manto de protección al ejército mexicano.
Las afectadas remarcan que cuando se procesó a 20 militares y se exigió una investigación contra ellos empezaron las tensiones con el presidente.
La Comisión para la Verdad y el Accesos a la Justicia (CoVAJ) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa (UEILCA) fueron desmantelados y sus titulares renunciaron en medio de las presiones y hostigamiento militar, prueba de ello es que el propio Alejandro Encinas ha sido citado para ser interrogado por los militares ante el silencio del presidente.
Las líneas de investigación relacionadas con: los 17 estudiantes sacados de la barandilla municipal; los estudiantes que fueron ingresados al 27 batallón y entregados al grupo delictivo guerreros unidos, las extradiciones de Tomás Zerón y José Ulises Bernabé permanecen sin impulso ni avances.
El presidente se ha empecinado en generar un falso debate de un supuesto intervencionismo extranjero y de las organizaciones de derechos humanos que han obstaculizado el caso, como una mera justificación de su fracaso en las investigaciones del caso Ayotzinapa, afirman.
"Podemos vaticinar que no habrá novedades y avances del caso, en el tiempo que le resta al presidente, lo único que veremos en las mañaneras serán los vituperios contra el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y Vidulfo Rosales. Nada de verdad y justicia habrá, nada de nuestros hijos", lamentan.
"Las pruebas contra el ejército existen: 1) tenemos prueba de que un soldado fue infiltrado en la Normal de Ayotzinapa, existen documentos militares que aprobó los cursos y exámenes como agente de contrainteligencia y que su inmediato superior informó de su desaparición el día 29 de septiembre de 2014".
"2) militares dieron seguimiento a nuestros hijos desde que llegaron a Iguala hasta su desaparición, 3) intervinieron llamadas de los perpetradores como la de los 17 estudiantes que están siendo trasladados de barandilla municipal".
"4) varios datos de prueba establecen que mandos militares del 27 batallón tenían vínculos delictivos con el grupo delictivo guerreros unidos y 5) que un testigo protegido declaró que varios estudiantes fueron detenidos por los militares, ingresados al 27 batallón y entregados al grupo delictivo guerreros unidos".
Dicen que las pruebas no dejan lugar a dudas que militares tenían vínculos con el grupo delictivo responsable de cientos de desaparecidos en Iguala, supieron del movimiento de los estudiantes desde su salida de la normal hasta su desaparición y participaron en la detención de los jóvenes, en tal virtud, corresponde al gobierno probar la plena participación del ejército y no invertir la carga de la prueba a las madres y padres de los 43.
Conversatorio Amnistía Internacional
Amnistia Internacional realizó un conversatorio, con la participacion del abogado de los padres dee familia, Vidulfo Rosales y madres de los jóvenes desaparecidos, y María Luisa Aguilar del Centro Pro, en el marco del décimo aniversario de la lucha de padres y madre de estudiantes de Ayotzinapa por acceder a la verdad, justicia y reparación del daño por la desaparición de sus hijos.
Las madres y las organizaciones que han litigado los casos de desaparición para conocer lo que ha significado estos 10 años de lucha y resiliencia.
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