Por sus altísimos costos financieros, técnicos, logísticos, operativos y sociales, el padrón de telefonía celular que incluirá datos biométricos de 126 millones de usuarios, representa un proyecto inviable, señalaron especialistas en temas de seguridad privada y ciberseguridad.
La iniciativa aprobada por el Congreso de la Unión que crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), violenta derechos protegidos en la Constitución, como es el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales, además, conlleva graves riesgos si no se resguarda adecuadamente la información, alertaron los expertos e, incluso, podría ensanchar la brecha digital en las poblaciones más vulnerables, alertaron los expertos.
José Luis Calderón González, vocero de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada A.C. (AMESP) estimó que la puesta en marcha del padrón de telefonía celular con datos biométricos requerirá una inversión inicial de 10 mil millones de pesos, ya que tan solo llevar a cabo el proceso de recolección de este tipo de información requiere dispositivos específicos para hacerlo, además de una estructura digital con determinada capacidad para trasmitir y albergar los datos en equipos, que además deben estar vigilados, custodiados y administrados por personal capacitado.
“Los equipos que contengan los datos biométricos de los ciudadanos, deberán estar en recintos a prueba de ataques físicos y cibernéticos, y eso no es barato”, explicó José Luis Calderón al considerar que si la autoridad pretende combatir delitos como secuestro y extorsión, hay otras formas más viables y financieramente sustentables, para hacerlo.
“Aquí lo que convendría es atacar la corrupción en el sistema penitenciario, de donde salen la mayoría de las llamadas de extorsión”, señaló Calderón González al considerar que es absurdo desarrollar una estrategia que en términos financieros, técnicos, logísticos y operativos representa un gran desafío, cuando ya se tiene un marco legal y las herramientas tecnológicas para combatir estos delitos, desde su origen.
UN RIESGO ALTÍSIMO
José Luis Calderón González, vocero de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada A.C. (AMESP) alertó que los riesgos del padrón de usuarios de telefonía celular con datos biométricos son altísimos, y el mayor de ellos es el robo de identidad, con lo que prácticamente los ciberdelincuentes pueden destruir la vida de cualquier persona.
Los riesgos inician desde que se empieza a recabar la información porque al ligar los dispositivos telefónicos con información biométrica e información oficial, “cualquier persona mal intencionada que pueda tener acceso a nuestro teléfono podrá tener una película completa de nosotros”, alertó Calderón González.
El riesgo mayor es el robo de identidad, “porque estamos trasladando al uso de tecnologías casi todo lo que hacemos y en el teléfono podemos hacer pagos, traemos redes sociales, manejamos tarjetas de crédito, permite hacer la geolocalización de la persona y, toda esa información, quedará expuesta si un tercero llega a tener acceso al celular”.
Si esta información cae en malas manos, los delincuentes pueden extraer perfiles, secuestrar, amenazar, extorsionar, amedrentar e incluso robar la identidad del usuario del celular, para cometer fraudes financieros o hacerse pasar por otra persona para realizar compras o cuentas bancarias, e incluso suplantar a alguien, desde vía remota, en procesos electorales, como ha ocurrido en otros países, alertó el vocero de AMESP.
“La base de datos del Instituto Nacional Electoral (INE) tiene información de 90 millones de personas, pero la base de datos del padrón de telefonía celular tendría la información de 126 millones de personas”, indicó José Luis Calderón.
Para instrumentar este padrón, primero se tienen que definir los esquemas de ciberseguridad que se van a utilizar y quién va a recolectar los datos, porque no ha quedado claro sí serán las compañías de telefonía celular o los intermediarios, que pueden ser una tienda de conveniencia o la tiendita de la esquina, subrayó.
Otro aspecto en términos físicos, señaló, es que en el país no existe una instalación donde se pueda albergar esta información, no se cuenta con un centro estratégico de datos y desarrollarlo tendría un costo altísimo para la entidad, ya sea pública o privada que se encargue de construirlo.
Construir un centro de datos de este tipo representa un desafió en términos financieros, porque deberá cumplir con los más altos estándares de calidad, con tecnología de ciberseguridad de vanguardia para proteger los datos que va a resguardar, lo cual no es un asunto menor, porque es nada más y nada menos, que la información biométrica de todos los mexicanos, enfatizó.
El primer desafío es en términos presupuestales y técnicos, porque en México no hay una organización que actualmente se dedique al desarrollo, mantenimiento y recolección de información como esta, por lo que se tendrá que contratar a una empresa extranjera, lo cual también constituye otro riesgo.
No se puede poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos, “imagínense a quién no le podría interesar esa base de datos, cuando sabemos de las operaciones que venía realizando la Mafia Rumana en Cancún”, advirtió.
PANAUT: NADA POSITIVO
The Competitive Intelligence Unit, firma de consultoría e investigación de mercados advierte que no existe correlación positiva entre un registro como el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) y la disminución de la criminalidad, por el contrario, en algunos países se han detonado incentivos al uso de la información recabada para la comisión de fraudes y otros delitos.
Señala que en Pakistán se utilizó esta regulación como mecanismo de combate al crimen y lo único que generó fue que aumentaran las actividades ilícitas mediante un mercado negro de tarjetas SIM y un aumento en los delitos de fraude.
The Competitive Intelligence Unit advierte que este tema ha sido objeto de inconformidad por toda la industria, la academia y gran parte de la población pues tiene distintas aristas de las cuales ninguna es positiva.
Además, indica que México se sumaría a la corta lista de países autoritarios que requiere el registro de datos biométricos para la contratación de servicios móviles, como Arabia Saudita, Bahréin, Bangladesh, China, Emiratos Árabes Unidos, Nigeria, Pakistán, Tanzania, Uganda y Zambia. En contraste, países como: Canadá, República Checa, Irlanda y los Países Bajos han rechazado este tipo de propuestas ante la evidencia de que no es un mecanismo útil para combatir el crimen.
En el mercado de telecomunicaciones móviles en México, se comercializan de forma trimestral 12 millones de líneas o tarjetas SIM, adquiridas en diversos puntos de venta como tiendas de conveniencia, de abarrotes, de autoservicio y departamentales. Con la implementación del PANAUT se erigirán costos monetarios y transaccionales significativos para estos puntos de venta y por ende desincentivando la contratación de servicios para los usuarios económicamente más vulnerables, es decir aquellos que se encuentran en zonas rurales y semiurbanas.
Por otra parte, los Operadores Móviles Virtuales (OMV) con modelos de negocios 100% digitales, es decir, que no cuentan con establecimientos físicos para la recolección de datos, no podrán cumplir con las obligaciones impuestas por el PANAUT. Esta circunstancia generará barreras al desarrollo de estos, perpetuando la elevada concentración de mercado que padece nuestro sector.
Asimismo, se ha proyectado que el IFT deberá destinar alrededor de $100 millones de pesos al año para la administración del PANAUT, institución que por su naturaleza no funge como órgano de gestión de información y resguardo de bases de datos, por lo que no cuenta con capacidades técnicas ni de capital humano para una encomienda semejante.
Si el propósito es frenar las extorsiones telefónicas, que por cierto 9 de cada 10 de esas llamadas se originan desde de centros penitenciarios, lo más efectivo sería dedicar recursos al bloqueo de las comunicaciones de entrada y salida de estos 447 penales. Hoy esta medida a quien más va a perjudicar y vulnerar es al consumidor y no a los criminales, apunta.
ENSANCHARÁ BRECHA DIGITAL
Mónica Chávez, directora de Vinculación Política y Enlace Legislativo de AT&T y vicepresidenta del Comité Jurídico de la Asociación de Internet señaló que esta iniciativa lejos de terminar con los delitos de extorsión y secuestro, sí ensanchará la brecha digital en el país, lo que conlleva a riesgos de conectividad, cuando actualmente el derecho de acceso a las telecomunicaciones está consagrado en la Constitución y es un derecho humano universal, que esta iniciativa está violentando.
La iniciativa que aprobó el Senado de la República y que reforma la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión dice que el objetivo es terminar con las llamadas de extorsión y secuestros, pero la experiencia internacional nos dice todo lo contrario.
Recordó que durante el proceso legislativo de parlamento abierto, expertos nacionales e internacionales que participaron en el debate explicaron que esta práctica no da el resultado que se busca, y en cambio, sí crea la obligación para todos los usuarios de telefonía móvil, tanto de prepago como de postpago de entregar sus datos personales, incluso los datos biométricos.
Son más de diez datos que los usuarios tienen que entregar: número de línea, fecha y hora de activación, nombre completo, nacionalidad, número de identificación oficial con fotografía, CURP, domicilio, nombre del concesionario, esquema de contratación, datos biométricos del usuario o representante legal de la persona moral y actualización, indicó Mónica Chávez.
Desde aquí ya se está poniendo una brecha digital, porque en México no existe un documento oficial con fotografía obligatorio, ya que la obtención de la credencial de elector es voluntaria, apuntó.
“Existe un amplio sector de la población que no cuenta con acta de nacimiento, mucho menos con CURP o una identificación oficial con fotografía, por lo que este patrón de telefonía celular significa bloquear la conectividad y ensanchar la brecha digital en poblaciones más pobres y apartadas”, señaló Mónica Chávez al destacar que el acceso a las telecomunicaciones es actualmente un derecho humano consagrado en la Constitución.
A raíz de las llamadas de extorsión, las empresas de telefonía hicieron un programa piloto para detectar su procedencia y se encontró que el 90% de las llamadas de mil números reportados al 089, salen de los centros penitenciarios. ¿Si sabemos dónde está el problema porque no se actúa ahí, en lugar de pedir los datos biométricos a toda la ciudadanía?, cuestionó Mónica Chávez.
Los expertos coincidieron en señalar que actualmente hay diversos mecanismos y herramientas tecnológicas para bloquear las llamadas que salen de los penales, lo cual, incluso está previsto ya en la ley.
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José Luis Calderón González, vocero de AMESP explicó que en el sistema penitenciario hay una normatividad de acceso, la cual establece claramente que al interior del penal no debe haber teléfonos, por lo que, primero, se tiene que combatir la corrupción, para hacer cumplir la norma.
Asimismo, comentó que en los reclusorios existen desde hace varios años inhibidores de señales de celular, cuyo uso, incluso es algo que ya está previsto en la Ley de Seguridad Pública, por lo que aquí una buena pregunta sería saber por qué no funcionan.
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