La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya analiza el caso de la Línea 12 del Metro, luego de que la defensa de 20 de las víctimas presentaron una queja a fin de que se aclare el caso y se sancione y castigue conforme a la Ley a todos los que resulten responsables en la tragedia ocurrida el pasado 3 de mayo.

Además, interpusieron un recuro ante la Cámara de Diputados para la creación de una Comisión de la Verdad y otro recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que atraiga el caso de la Línea 12 como ocurrió con la guardería ABC de Sonora.

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Además, el representante legal de 20 de las víctimas del desplome de un tren de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) de la Ciudad de México, Cristopher Estupiñan, busca justicia al exigir que las empresas que participaron en la construcción, para que los afectados tengan una indemnización justa.

Tras la primera audiencia judicial que busca imputar a 10 personas físicas por los delitos de homicidio culposo, daño a la propiedad y lesiones culposas, que deriven en un beneficio económico para los afectados de la tragedia ocurrida el 3 de mayo.

El asesor jurídico de las víctimas, aseguró que se encuentran en “proceso de preparar la denuncia en contra de las empresas, porque ya de la carpeta de los dictámenes, se deduce que hay elementos objetivos para imputar a las empresas, si la obra civil estuvo a su cargo, se les designó presupuesto. Esa obra civil tiene vicios de origen que fueron los que ocasionaron el desplome, no existe razón jurídica para no buscar la imputación”.

“En ese momento la culpa también la tiene quién ejecutó la obra falta, una pieza en este recompensas qué son las empresas responsables (…) y quiénes se llevaron el beneficio económico, asuman su responsabilidad”, dijo a LA PRENSA, el abogado defensor de 20 de las víctimas, Cristopher Estupiñan.

Sobre la atención que han recibido sus clientes, comentó, “ya por fin tenemos los primeros dictámenes psicológicos de los primeros núcleos familiares, porque nosotros tuvimos que hacer ese trabajo, contratamos una psicóloga privada para efectos de que pudiera atender de manera adecuada, profesional y completa”, comentó.

El representante legal, aseguró que, Armando Ocampo, Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas de la Ciudad de México (CEAVI), “tiene un interés muy claro, y el interés es que las familias no tengan asesoría jurídica, porque no quiere que le presenten reclamaciones de responsabilidad patrimonial al gobierno de la Ciudad de México, quiere dejar intacto el gobierno y quiere resolver con la empresa tras bambalinas los términos de fondo, sin que las familias opinen ni tengan alguien que las defienda”.

El abogado, citó a Ocampo al asegurar que le dijo, “esas familias nunca en su vida iban a ver tanto dinero, refiriéndose al apoyo transitorio de dos millones de pesos”, al insinuar que se trataba de una cantidad elevada para ellos, cantidad que sus representados cobraron.

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Reiteró que, a Ocampo, “no le interesa una sola reparación, él va a controlar, le interesa que nadie más se meta. Porque tampoco dice que ya se reunió con los representantes de Carso, cuando nadie más se ha reunido, no se han acercado con las familias de los asesores privados, solamente con la comisión, la misión es que no haya asesores privados para ellos controlar el resultado”.

Estupiñan, asegura que la CEAVI no se ha encargado de las víctimas, a quienes varios abogados han tenido que representar para hacer valer la reparación del año, y acusó a dicha comisión, de convencer a las familias de desistir en continuar con su defensa, por medio de promesas y amenazas, por lo que buscará sumar a otros afectados para iniciar una demanda.

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