El Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) deberá otorgar atención psicológica y psiquiátrica a dos enfermeras víctimas de violencia de género y hostigamiento laboral en instalaciones de la dependencia, de acuerdo con una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos.
El procedimiento institucional instruye que además se tendrá que brindar asesoría jurídica a las víctimas y ofrecer una disculpa pública institucional hacia las enfermeras afectadas.
En la Recomendación 03/2023 por violencia de género se establece que hay afectación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia institucional, laboral y hostigamiento sexual.
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El 20 de junio de 2022 la citada comisión recibió el escrito de queja de tres mujeres que se desempeñaban como enfermeras por contrato en la Clínica de Salud “Jardines de Morelos”, en Ecatepec, en el turno matutino, todas adscritas al ISEM.
Las tres denunciaron ser víctimas de acoso sexual y violencia laboral por parte de su superior jerárquico, y aunque interpusieron una queja ante el Órgano Interno de Control del Instituto de Salud del Estado de México y solicitaron la intervención de la Fiscalía General de Justicia estatal, donde se iniciaron dos carpetas de investigación, continuaron los actos violentos y de hostigamiento en su contra también por otros compañeros de trabajo.
Al conocer la situación, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México solicitó a dicho instituto el informe de ley y medidas precautorias necesarias para cesar las conductas abusivas perpetradas de forma consciente, repetitiva y premeditada, mismas que atentaban contra la dignidad, integridad física y psicológica dentro del entorno laboral de las tres víctimas; además, requirió un informe a la FGJEM y realizó las comparecencias de las personas servidoras públicas relacionadas.
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Mecanismo alterno de solución
En octubre de 2022 dos víctimas dieron su consentimiento para aplicar un mecanismo alterno de solución y la otra afectada hizo constar su deseo de no continuar con la integración de la queja ante la CODHEM, por convenir a sus intereses.
El 17 de ese mismo mes, el Organismo Defensor propuso al Secretario de Salud estatal una resolución por medio de la conciliación, a través de tres puntos: conducirse hacia las enfermeras con cordialidad, respeto, calidad y calidez humana; llevar a cabo acciones, mecanismos y estrategias para erradicar el hostigamiento laboral, y colaborar en el trámite de queja ante el OIC, para investigar con perspectiva de género actos o descuidos que pudieran constituir responsabilidad administrativa.
El órgano defensor de derechos humanos solicitó medidas conciliatorias para preservar la integridad y seguridad de dos de las enfermeras, ya que la tercera presentó su renuncia a la clínica por temor a los actos de acoso de su superior jerárquico.
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No hicieron caso
En noviembre de 2022, durante las comparecencias de servidores públicos, se detectó que conocían la situación, pero no había un escrito sobre el hostigamiento y aunque informaron de acciones que presuntamente efectuaron para cumplir con la conciliación, algunas evidencias tenían fecha anterior y en la minuta de reunión faltaban las firmas de las víctimas; además, no hubo una aceptación expresa del oficio conciliatorio por el titular de la Secretaría de Salud estatal.
En marzo de 2023 comparecieron nuevamente las dos víctimas y manifestaron que seguían las represalias de su superior jerárquico, así como las ofensas de sus compañeras de trabajo, además indicaron que no se cumplieron las medidas precautorias y derivado de los hechos sufrían ansiedad, incluso una de ellas acudía a terapias psicológicas.
Por esta situación, el Instituto de Salud deberá integrar y perfeccionar las indagatorias penal y administrativa; integrar la Recomendación en el expediente laboral de las personas servidoras públicas involucradas.
Entre los requerimientos solicitados, también tendrá que adoptar y aplicar un Manual o Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual, así como implementar una política pública a nivel estatal para que ninguna enfermera o persona servidora pública del sector salud, público o privado, del ámbito estatal o municipal, sea víctima de hostigamiento y acoso sexual.
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