El Estado de México ocupa el primer lugar a nivel nacional en el delito de violencia familiar, pues de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta el 31 de agosto del presente año, se tiene un registro de 19 mil 245 Carpetas de Investigación, en comparación con las 18 mil 421 que se reportaron en el mismo periodo de 2022.
Hasta el octavo mes de 2023, en todo el territorio estatal, se cometieron un millón 466 mil 358 delitos en todo el país, de los cuales 255 mil 876 correspondieron al Estado de México, cifra que lo ubica a la cabeza de todas las entidades federativas en materia de inseguridad.
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El delito de violencia familiar en la entidad muestra un aumento de 53% desde 2015 a la fecha, ya que los datos abiertos revelan que en aquel año se denunciaron 127 mil 424 cosas, y hasta el corte del 31 de agosto de 2023 se tiene un acumulado de 195 mil 130 delitos por violencia familiar.
En tanto, el Poder Judicial mexiquense reportó que de noviembre de 2021 a la fecha se han dictado 4 mil 301 medidas de protección en la entidad, a través del Juzgado en línea Especializado en Violencia Familiar.
De acuerdo con el titular del Poder Judicial estatal, Ricardo Sodi Cuellar, quien encabezó convenios de coordinación con gobiernos municipales para combatir ese delito, es necesaria la participación de los ayuntamientos para atender, prevenir y erradicar la violencia familiar en la entidad.
En el municipio de Amecameca, donde se llevó a cabo la firma de los convenios de colaboración, destacó que el éxito estos esfuerzos permitieron que el Juzgado en línea Especializado en materia de Violencia Familiar y de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, dictara 4 mil 301 Medidas de Protección, previniendo que la violencia escale.
"Las medidas significan que se evitaron homicidios, feminicidios o casos de lesiones", añadió al tiempo que precisó que esta política pública se complementa con el juzgado de control que también funciona las 24 horas de los 365 días del año, ratificando las medidas de protección.
Abundó que la base de esta política pública es la difusión, capacitación y evaluación; por ello, pidió a los gobiernos municipales promover la cultura de la denuncia, pues la seguridad depende de todas y todos, no sólo de la autoridad.
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