Con el compromiso de transitar hacia la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, quedó instalado en el Congreso capitalino, el Capítulo Ciudad de México de la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar (COCIFAM).
El órgano colegiado tendrá la misión de analizar y homologar las políticas y acciones para la implementación de un nuevo modelo de justicia, con el objetivo de que sea más cercano a la ciudadanía y centre su atención en la población infantil, juvenil y con perspectiva de género.
Al participar en la instalación que se llevó a cabo en el Salón Luis Donaldo Colosio del recinto de Donceles y Allende, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia local, refirió que la finalidad del sistema civil y familiar, que diseñó el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, es garantizar mayor acceso y celeridad en los procedimientos jurisdiccionales en condiciones de igualdad en todo el país.
Con la representación de la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar (COCIFAM), el magistrado Eliseo Juan Hernández Villaverde, resaltó las labores coordinadas y con respeto a la autonomía del Poder Judicial y del Congreso local, para construir un instrumento de implementación del Código de Procedimientos Civiles y Familiares, con menos impacto para las personas justiciables, y satisfacer los requisitos que señala el ordenamiento.
Por su parte, la coordinadora de la bancada de Morena en el Poder Legislativo local, Martha Soledad Avila Ventura, en su calidad de presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del órgano deliberativo, precisó que el nuevo modelo procesal entrará en vigor de manera gradual y será implementado hasta el 1 de abril de 2027.
Informó que, del total de los asuntos que diariamente se desahogan en los juzgados y tribunales del país, el 40 por ciento son litigios familiares y el 30 por ciento son asuntos civiles, por ello, se espera que a través de esta comisión y en atención de la expedición del nuevo código, se logré optimizar y garantizar el acceso a la justicia.
El coordinador de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad del Congreso, diputado Jesús Sesma Suárez, destacó que, ante este nuevo modelo necesario para la impartición de justicia pronta, expedita y para recobrar la confianza en la ciudadanía, se requiere la herramienta presupuestal, es decir, los recursos económicos para aplicar esta modalidad.
Mientras, el legislador Jorge Gaviño Ambriz, coordinador de la asociación parlamentaria Izquierda Liberal, estimó que esta reforma es necesaria ya que el código actual data de 1932, por lo que “es un código viejo, en varias partes obsoleto”, que debe ser homologado y actualizado, a partir de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México; y pidió precisar los costos que tendría esta reforma, que permitiría hacer más eficiente al Poder Judicial.
Los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso, estuvieron de acuerdo en que, con la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la ciudadanía tendrá un mayor y mejor acceso a la justicia, con reducción costos y tiempos procesales en el desahogo de este tipo de asuntos jurisdiccionales que se contemplan en la nueva legislación; la impartición de justicia tendrá un carácter preponderantemente digital y oral.
Por el PAN, el diputado Diego Orlando Garrido López recordó que desde la I Legislatura del Congreso capitalino “comenzamos a impulsar la justicia digital, así lo hicimos cuando reformamos el artículo 35 constitucional en donde pusimos en rango constitucional la justicia digital”.
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