Arrancó el proceso para la elección de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, por parte del Consejo Judicial Ciudadano (CJC) del Congreso de la Ciudad de México, cuando en la actual III Legislatura del órgano deliberativo, Morena y sus aliados cuentan con la mayoría calificada para designar sin problema a quien decida la jefa de gobierno capitalina, Clara Brugada Molina, en esto no tendrá mucho que ver la oposición, por más que quiera.
Los que resulten finalistas del proceso que se lleve a cabo, con base a lo determinado por los integrantes de dicho consejo, tendrán que someterse a exámenes de control de confianza por parte de la Guardia Nacional (GN).
Una vez que en la pasada II Legislatura del recinto de Donceles y Allende no pudo ser ratificada Ernestina Godoy Rangel como Fiscal General de Justicia, porque no le alcanzaron los votos a los congresistas del partido en el poder, les falto uno para que se quedara, ahora Morena no tiene problema para hacer que se quede en el cargo el que proponga la responsable de la administración capitalina.
Consejo Ciudadano hará convocatoria
Por segunda ocasión el Consejo Judicial Ciudadano sesionó en lo que va de la III Legislatura y en esta ocasión, avaló crear un grupo de trabajo para elaborar la convocatoria respectiva, que establecerá los plazos y requisitos para los aspirantes a esta importante posición.
El grupo estará integrado por los consejeros Héctor Muñoz Ibarra, Emiliano Robles Gómez Mont, José Francisco Sánchez Magallán González y Sandra Margarita Rivas González y se encargará de elaborar el proyecto de convocatoria que permita integrar una terna de personas candidatas a ocupar la titularidad de la FGJ de la Ciudad de México.
En su momento, el presidente del CJC, Jorge Nader Kuri, dio cuenta que la Constitución de la capital del país establece como requisito para el titular de la fiscalía, que haya pasado los respectivos exámenes de control de confianza, por lo que se firmará un convenio con la Guardia Nacional para que realice estas evaluaciones.
Mencionó que la GN no cobrará por estos exámenes y los datos de los resultados se manejarán con total sigilo y con respeto absoluto a la privacidad de las personas.
Enviarán terna a la jefa de Gobierno
Según la legislación vigente, tras la depuración hecha por los consejeros ciudadanos y las entrevistas a las personas interesadas, el CJC enviará una terna a la jefa de gobierno, quien a su vez la enviará al Congreso local, que votará y designará al nuevo titular de la FGJ.
Además, se abrirá el proceso para la ratificación de las personas titulares de las fiscalías especializadas en Combate a la Corrupción y para la Atención de Delitos Electorales, y la convocatoria para elegir la terna de personas para ocupar la titularidad de la Fiscalía General de Justicia local.
Resulta que en diciembre de 2024 termina el plazo para el desempeño de su cargo, al ser designados en el Congreso capitalino para un periodo de cuatro años, sin embargo, pueden optar por ser evaluados en su desempeño para la ratificación por otro periodo.
“La Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes respectivas establecen que uno de los requisitos de la persona Fiscal General de Justicia debe tener, al momento de su designación, aprobados los exámenes de confianza y la certificación respectiva, esto significa que corresponde a este Consejo Judicial Ciudadano garantizar que ese requisito quede cumplido previamente a la formación de la terna”, aclaró Nader Kuri.
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Quedó en claro que los exámenes de control de confianza están regulados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, los practican instituciones autorizadas y se componen de varias etapas, como los exámenes de polígrafo, médico y de entorno social.
“Esos exámenes los aplican, de acuerdo con perfiles, instituciones autorizadas en México y emiten un resultado al final de la práctica, sobre si el candidato está certificado o no”, acotó Jorge Nader.
El resultado que se obtenga es muy importante porque queda registrado y además es confidencial, solamente puede ser del conocimiento de quién solicite la práctica de los exámenes con legitimación y del interesado, no pueden ser documentos públicos, según las leyes aplicables.
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