Indígenas residentes en la Ciudad de México que forman parte de diversas organizaciones de distintos orígenes residente en la capital del país desde hace décadas, iniciaron un plantón indefinido en el Zócalo, para exigir al gobierno de Martí Batres que cumpla con el compromiso de dar vivienda digna a las comunidades indígenas residentes.
Exigen la firma de un Convenio que muestre avances en el acuerdo de vivienda en lo que queda de la actual administración de la CDMX y dé paso para un acuerdo mayor con el próximo gobierno de Clara Brugada.
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El plantón de las organizaciones es encabezado por el Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas (MPCOI), que afirma que hay un grupo de 500 viviendas que deben entregarse, para dar paso eventualmente a un proyecto de ampliación del programa hacia diversas alcaldías que pudiera en el futuro integrar a las 4,000 familias sujetas de vivienda incluidas dentro del padrón en poder de la Secretaría de Pueblos Indígenas de la Ciudad de México.
Pascual de Jesús González y Susana Flores, integrantes del MPCOI en Ciudad de México dieron a conocer su pronunciamiento que refiere que integrantes del Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas de CDMX iniciaron la jornada su lucha, por la exigencia de una vivienda digna, accesible y adecuada como lo mandata la constitución política capitalina y la Ley sobre los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, mismos que son sujetos de derecho público desde el 2017.
Los representantes detallan que en el art. 42 de la ley mencionada señala textualmente: “Derecho a la vivienda digna y adecuada 1. Las personas integrantes de pueblos, barrios y comunidades tienen derecho a una vivienda digna, accesible y culturalmente adecuada”.
“2. En la edificación y construcción de la vivienda multifamiliar específica para la población indígena se procurará incorporar los espacios comunitarios destinados a desarrollar actividades culturales y productivas propias, de manera que se fortalezca su identidad étnica. 3. Para el financiamiento de vivienda para la población indígena, se deberán aplicar esquemas de crédito y subsidios específicos, de acuerdo con su situación económica y social”.
Asimismo, exponen que en el Art. 9 de la Constitución política de CDMX señala textual, inciso E: “Derecho a la vivienda F. Derecho al agua y a su saneamiento. “Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, adaptada a sus necesidades. 2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía y servicios de protección civil”.
“3.Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para asegurar gastos soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda. 4. Se adoptarán medidas, de conformidad con la ley, contra el desalojo arbitrario e ilegal de los ocupantes de la vivienda”.
Además, Pascual de Jesús González y Susana Flores remarcaron que han estado insistiendo una audiencia con el jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama para ver el tema de presupuesto para vivienda indígena para este 2024, “sabemos que se aprobaron 4700 millones para el Instituto de la Vivienda (INVI) y exigimos saber cuál es el porcentaje destinado para la vivienda indígena”, resaltaron.
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Refieren que la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes la (SEPI) ha informado de un padrón de solicitantes de vivienda indígena que asciende a 4 mil los cuales han cumplido con las etapas que el mismo gobierno de la ciudad ha ordenado para todos los solicitantes; por lo que demandan que ese padrón sea respetado para la asignación de las viviendas del Programa de Vivienda Indígena en el Centro Histórico.
Los dirigentes indígenas afirman que en su jornada de lucha exigen al gobierno capitalino que tome en cuenta su padrón histórico, “y a 4 meses de que se termine este gobierno, demandamos la firma de un convenio con su Movimiento para dar seguridad y certidumbre a las y los solicitantes de la vivienda, estamos claros que en estos 4 meses no se edificarán las viviendas que necesitamos”.
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