Debido a que el Congreso del Estado de México mantiene congeladas las iniciativas relacionadas con la legalización del aborto, la Comisión de Derechos Humanos de la entidad entregó un documento a la Cámara de Diputados local, a través del cual el organismo defensor se pronuncia a favor del derecho humano de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su reproducción y ejercer su autonomía reproductiva.
De acuerdo con Myrna Araceli García Morón, titular de dicha comisión, “el documento representa un exhorto al Poder Legislativo para que podamos hacer lo que jurídicamente llamamos un resarcimiento en el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres; jurídicamente, constitucionalmente, convencionalmente todo está dicho, no hay razones jurídicas que se interpongan a esta parte de la modificación legislativa”.
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En el documento, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México señala que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos que deben ser reconocidos y protegidos normativamente, en un contexto de protección de la salud y bajo un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
Por ello, dijo, el Estado de México, en virtud del mandato constitucional de reconocimiento de los derechos y las libertades de las personas, tiene la obligación de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos, entre ellos, se particularizan los relacionados con la salud en todas sus esferas y con énfasis en los derechos sexuales y reproductivos.
Además, se indica que la restricción, inexistencia o retraso de los servicios de aborto seguro y legal, sin justificación, impiden el acceso a una práctica controlada y protectora que afecta a derechos humanos reconocidos y consagrados a favor de la mujer y personas gestantes.
La Comisión de Derechos Humanos de la entidad dijo que entre estos derechos se encuentran la salud, la vida, la información, la integridad física, la libertad de elección, la decisión sobre el número y espaciamiento de hijos y todos aquellos derechos relacionados, el derecho a la protección de la salud (psicológica y física), los derechos reproductivos y derechos a decidir.
Asimismo, se resalta la dignidad humana, la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la vida privada, la igualdad jurídica, la libertad reproductiva, el derecho exclusivo a la autodeterminación en materia de maternidad, respetar su autonomía reproductiva y sexual, así como la toma de decisiones respecto de su cuerpo.
García Morón reiteró que este llamado al Poder Legislativo del Estado de México es con el objetivo de que, con base en un diálogo amplio, libre, plural e inclusivo, basado en criterios científicos, de justicia, humanismo, igualdad y no discriminación, la asunción de las obligaciones, los principios y los deberes constitucionales de derechos humanos, bajo un análisis interseccional y de género, fuera de dogma y prejuicios sociales, en el ámbito de su competencia, se hagan efectivos los derechos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar.
Todo lo anterior, subrayó, a partir de la despenalización del aborto, lo que garantizará una vía eficaz para erradicar la criminalización de las mujeres, solucionar un grave problema de salud pública y evitar la privación de libertad de las personas involucradas en hechos de esta índole por su situación de vulnerabilidad.
En el pronunciamiento, la CODHEM precisa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sostenido criterios que amplían y favorecen una mejor protección constitucional y permiten comprender que tanto los derechos de las mujeres gestantes como la protección jurídica de la vida en gestación son compatibles con el aborto seguro, toda vez que la interrupción del embarazo es considerada dentro de un breve periodo cercano a la concepción (doce a trece semanas), lo que permite equilibrar los valores e intereses involucrados y brindar un ámbito de protección tanto al nasciturus como a la autonomía reproductiva de las mujeres y las personas con capacidad de gestar.
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