Ciudad de México.- La licitación para construir nuevas plantas de tratamiento de residuos sólidos en la capital carece de legalidad y es más bien un negocio “acomodado” para un interés en particular, denunciaron diputados de oposición en el Congreso de la Ciudad de México.
Los Congresistas Federico Döring (PAN); Jorge Gaviño (PRD); Guillermo Lerdo de Tejada (PRI), junto con el medioambientalista Gabriel Quadri, coincidieron en que el anuncio hecho por el gobierno capitalino cae en violaciones y trasgrede fundamentos de la Constitución CDMX.
“Hay un enorme impacto urbano potencial y tenemos que exigirle al Gobierno de la Ciudad, primero que actué con legalidad, que se tenga que tomar en cuenta el posible impacto vecinal y las afectaciones de movilidad y entorno urbano en la operación de la misma”.
Gabriel Quadri expresó que el proyecto de control de residuos sólidos que propone el Gobierno de la Ciudad de México, es irracional desde la perspectiva económica y desde luego, ambiental.
“No hay ninguna certidumbre porque ninguna empresa va a regalar su dinero para invertir en una planta de la cual no va a tener el más mínimo ingreso y máxime cuando en la convocatoria dice que la empresa debe darle al Gobierno el 5 por ciento de las utilidades”.
A su vez, Jorge Gaviño indicó que hay muchas debilidades en esta Convocatoria como datos imprecisos, desde la ubicación de la planta, la inversión mínima o máxima y los beneficios directos hacia la población.
“No establece la forma de contratación, ni si será un Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) o un arrendamiento financiero, si será una situación mixta. Se habla de 3 mil toneladas de residuos sólidos mezclados, donde tecnológicamente se dificulta la posibilidad de que una planta termovalorizadora funcione”.
Este tipo de obras, advirtió el diputado Guillermo Lerdo de Tejada, debe ejecutarse bajo estándares internacionales sobre tratamiento de basura, aprovechando las mejores tecnologías ya existentes.
”Existen omisiones técnicas en la convocatoria, se dejan demasiados aspectos a la voluntad y albedrío de las empresas participantes, pareciera que el Gobierno le pide a los particulares cómo quieren hacer las cosas, en lugar de que sea el Gobierno el que establezca los límites mínimos de operación técnica”, señaló.
Coincidieron en que esta ciudad necesita un proyecto de termovalorización (planta de tratamiento de residuos sólidos) para terminar con la exportación de basura a las entidades federativas contiguas y darle sostenibilidad a la Ciudad en el manejo de sus propios desechos.
Además, señalaron que resulta irónico que en víspera de un aniversario más de la Constitución local, este Congreso local intente avalar y violentar el artículo 16 de nuestra Carta Magna, al concesionar los residuos sólidos.