Estado de México.- A toda aquella persona que se le compruebe que sometió a presiones y obligó a un ciudadano a recibir terapias de conversión sexual se le aplicará una sanción de hasta tres años de prisión en el Estado de México, advirtieron diputados locales.
Las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la LX Legislatura dieron luz verde al proyecto de reformas al Código Penal para endurecer los castigos en la materia.
Con la abstención del PAN, los diputados aprobaron la iniciativa promovida por la bancada de Morena. La legisladora Beatriz García Villegas, responsable del proyecto, recordó que en la Ciudad de México se aprobó el 24 de julio sancionar este tipo de procedimientos, a pesar de los múltiples intentos de ideologías conservadoras por frenarlo.
Agregó que en la entidad mexiquense era necesario sancionar este tipo de prácticas médicas dañinas basadas en estereotipos, que pretendan corregir la identidad de género y expresión de género, para construir una sociedad más justa.
“Coincidimos en un punto medular para el fortalecimiento de las familias y los grupos sociales, para hacer que todos los miembros de las familias se sientan integrados, y que este tipo de acciones no permeen, para hacer una división social, pues este tipo de terapias de reconversión trasgreden al núcleo familiar y vulneren los derechos de los ciudadanos”, destacó.
En la definición del dictamen final participó Francisco Fierro Sosa, director Jurídico y Consultivo, quien precisó que se sancionará a quien cometa un delito contra el libre desarrollo de la personalidad y la identidad sexual, y las adecuaciones legales permitirán al ministerio público generar una acción inmediata para quien ve afectado en este sentido.
El dictamen aprobado considera reformas al artículo 211 del Código Penal por delitos contra el libre desarrollo de la personalidad y la identidad sexual, y establece que a quien someta, coaccione, u obligue a otro, a recibir o realizar procedimientos o métodos con la finalidad de cambiar su orientación sexual, y derivado de éstos se afecte su integridad física o psicológica, se le impondrá de uno a tres años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo en favor de la comunidad y de 50 a 200 días multa.
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Y si la conducta se lleva a cabo contra personas menores de edad, con discapacidad, adultas mayores, privadas de libertad o que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho, la pena se aumentará en una mitad.
De igual forma ocurrirá cuando la víctima sea ascendiente, descendiente, hermano, pupilo, cónyuge, tutor, concubina o concubinario del inculpado; en ambos casos el delito se perseguirá de oficio.
Liliana Gollás Trejo destacó que esta iniciativa es un logro para la comunidad LGBTTTI, cuya demanda estuvo acompañada por la Cuarta Transformación y hoy rinde frutos, para sancionar a quienes pretendan cambiar la orientación sexual e identidad de género mediante terapias o por medio de la religión intenten convencer que la homosexualidad es una enfermedad y hay que curarla.
“Hoy hacemos valer el derecho de muchas personas que por diferencia de pensamiento no se han visto defendidas, pugnamos por la no discriminación, avanzamos porque creemos que nadie tendría que ser juzgado ni violentado, ni rendirnos cuentas de su sexualidad”, sostuvo la morenista.
Durante su intervención, la diputada de Morena Anaís Burgos leyó un comunicado de la Red de los Defensores de la Diversidad Sexual del Estado de México donde reconocen la intervención de la Legislatura para prohibir y sancionar las terapias de conversión por orientación sexual.
“Desde el Grupo Parlamentario de Morena se ha tenido el firme compromiso de la protección a los derechos de todas y todos, así como también de los grupos vulnerables como lo son las poblaciones LGBTTTI con quienes se ha tenido el acercamiento y diálogo para el avance del reconocimiento de derechos igualitarios y universales, este gobierno de cambio continua trabajando e impulsando una sociedad con un cambio de cultura, justa y de participación de derechos igualitarios para todas y todos”, apuntaron los activistas en el comunicado.
La diputada Mariana Uribe Bernal recordó que la comunidad LGBTTTI, enfrenta de manera cotidiana a discriminación en sus entornos familiares, laborales e institucionales, y estas “terapias correctivas” generan confusión en las familias, que viven por primera vez el reconocimiento de la diversidad sexual y atentan contra la dignidad de las personas.
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