Frente a la agenda política, electoral que ha intensificado la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para mayores reflectores en su aspiración presidencial, el PAN en el Congreso local busca ponerle límites en el quehacer gubernamental con leyes que le prohíban utilizar la política social como una herramienta de promoción personal.
El coordinador del PAN en el Congreso Local, Christian Von Roehrich, presentó una iniciativa para reformar la Constitución CDMX y que el Gobierno local, no le ponga el nombre de la titular del Ejecutivo local como lo hacen con “la Tarjeta Claudia”.
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“Se abusa de los programas sociales del Gobierno de la Ciudad y eso es violatorio a la ley, no puede ser que se lucre con la política social de la capital. Esa debe llegar a todos sin condicionamientos ni etiquetas”, indicó.
Al lado del diputado local Federico Döring, Von Roehrich recordó que en enero pasado, Claudia Sheinbaum mandó su iniciativa de reforma a la Constitución local, para reconocer en ella, el derecho a la enseñanza básica para recibir un apoyo económico y recursos que garanticen el mantenimiento menor de los plantes a través de dos programas: “Beca para el Bienestar de Niñas y Niños” y “La Escuela es Nuestra”.
Los diputados del PAN aprovecharon para reprochar las giras de todos los sábados y domingos de Claudia Sheinbaum por el país, argumentando que sí se ejecutan recursos públicos para tal fin, porque sean viajes o viáticos costeados por el GCDMX está mal y si son de su salario, también, ya le pagan los capitalinos para que esté de tiempo completo al frente del GCDMX.
“Mientras crecen los feminicidios, desaparecen más mujeres y hay alcaldías con altos índices de desigualdad como Xochimilco, Iztapalapa o Gustavo A. Madero, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México se va a movimientos políticos fuera de la CDMX “dejándonos sin autoridad y desprotegidos”.
Lamentablemente, esta propuesta no tiene datos que permita establecer la efectividad de esos programas que actualmente ya se aplican y que incluso, han sido objeto de señalamientos por usarse para promoción personal.
El legislador agregó: ¿“pedimos que se instituyan varios elementos en la Constitución local y se le quite al GCDMX la tentación de usar recursos públicos para promocionar la imagen de su titular. Debemos tomar como parámetro el programa de Escuelas de Tiempo Completo que el Presidente de la República canceló sin darnos razones de peso para hacerlo”.
El Programa de Escuelas de Tiempo Completo, beneficiaba a 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes, de los cuales, casi la mitad, es decir, 1.6 millones, además recibían alimentos, resaltó.
Afirmó que la Jefa de Gobierno, en aras de la construcción política que beneficie a los habitantes de esta Ciudad, pide un voto de confianza al Congreso de la Ciudad de México, sin embargo no hay forma de respaldar una propuesta sin elementos indubitables que demuestren su eficacia.
“Creemos en la importancia de establecer cada vez más derechos en beneficio de las personas, sin embargo, por respeto al constitucionalismo, no se pueden colocar nombres de programas en el texto constitucional, ya que, precisamente, la Constitución no busca etiquetas, sino derechos garantizados”.
Si la idea es garantizar derechos, apoyaremos y, por ello es que el PAN presenta esta iniciativa, sin nombres, sin etiquetas, sin beneficios personales e, incluso, con la posibilidad de sancionar a toda persona que use un programa para su imagen personal.
“El Programa La Escuela es Nuestra, es un Programa que no se platicó, que no se estructuró adecuadamente y que da al traste con años de avance educativo que Escuelas de Tiempo Completo había demostrado fehacientemente”.
Si su intención es legítima para beneficiar a las y los capitalinos, las diputadas y diputados de Acción Nacional apoyarán la propuesta.
“Sólo sí se eliminan las denominaciones de tales programas y se establece también en la prohibición absoluta a las autoridades, partidos, candidatos, organizaciones sociales, y a cualquier persona, de utilizar con fines lucrativos, electorales, de promoción personalizada o partidista, las acciones gubernamentales, políticas y programas sociales”.
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Además de consecuencias inmediatas en materia administrativa, electoral y penal para quienes lleven a cabo estas conductas de promoción ilegal a través de programas sociales.
“Consideramos que, si lo que se busca es el apoyo de la oposición y la intención es beneficiar a la comunidad estudiantil de la Ciudad de México, no tendrán ningún empacho en blindar el uso de esos programas y de quitarles una denominación que no sólo no abona, sino que obstruye el ejercicio de derechos que tanto al Gobierno como a la oposición nos interesa garantizar”.
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