El secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real presentó el “Acuerdo para la actuación policial en la prevención de violencias y actos que transgreden el ejercicio de derechos durante la atención a manifestaciones y reuniones de la Ciudad de México”.
Ese protocolo se implementó por primera vez el viernes pasado durante la protesta de colectivos feministas en las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por su parte, el subsecretario de Gobierno, Arturo Medina indicó que el objetivo es garantizar el derecho a la libre manifestación de forma pacífica, sin afectar los derechos de terceros.
Para garantizar lo anterior, el documento, que esta semana será publicado en la Gaceta Oficial, establece el diálogo y la persuasión como eje rector para evitar actos de violencia, principalmente con grupos cuyos integrantes vayan armados con objetos con los que pudieran causar daños, como palos, martillos, entre otros.
En conferencia de prensa se detalló que, junto con personal de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, representantes de organizaciones civiles y la policía se analizará el nivel de riesgo, se hará el encausamiento con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y en caso de ser necesario se recurrirá a la detención y remisión ante las autoridades correspondientes.
“Y si no es eficaz este diálogo se podrá valorar retener esos objetos o encausar a quienes lo tienen a efecto de que, con pleno respeto a sus derechos humanos, no afecten la movilización y garantizar siempre que quienes participan y no tengan objetos que puedan dañar a la población, pues sigan en el ejercicio de la manifestación e incluso quienes teniendo estos objetos si los entregan a las autoridades presentes, podrán continuar con su derecho a la expresión pública”, expuso.
En protocolo de atención a manifestaciones en la capital también señala que los policías que participen en la atención de protestas sociales deben tener su número de identificación visible en el casco, chaleco y escudo; además de que en caso de que algún uniformado haga uso de la fuerza tendrá que presentar ante su mando inmediato superior, un informe detallado con la finalidad de documentar y evaluar el comportamiento policial, pues toda irregularidad o abuso será sancionado conforme a las leyes aplicables en la materia.
Por su parte, Pablo Vázquez Camacho, Subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que el acuerdo también refiere que los policías tienen que ser capacitados en materia de respeto de derechos humanos.
Otro aspecto que se destacó es que ahora personal de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana dará seguimiento puntual a todas las manifestaciones para documentar lo que sucede en las marchas a través del programa testigos supervisores de derechos humanos.
En este contexto autoridades capitalinas descartaron la creación de un nuevo grupo policial especializado para atender marchas y protestas en la capital.
JLP
