El colectivo Damnificados Unidos de la Ciudad de México acudieron a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) para presentar formalmente una queja por actos cometidos por distintos servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México.

En su denuncia, que incluye al todavía Comisionado para la Reconstrucción, César Arnulfo Cravioto Romero, señalan ser víctimas de actos violatorios a sus derechos humanos, y que a casi tres años del sismo del 19 de septiembre de 2017, todavía ven lejano poder regresar a sus hogares.

Advirtieron diversos actos de autoridad que constituyen conductas contrarias no sólo al estándar internacional de derechos humanos sino a lo establecido por los principios de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México. Entre los derechos vulnerados a las y los integrantes de este colectivo se encuentran el derecho a la igualdad y la prohibición de la discriminación, el derecho a la libertad de expresión, la organización y la protesta, entre otros.

Señalaron que a 35 meses de que el sismo del 19 de septiembre del 2017, la impericia y los actos arbitrarios de la autoridad los ha dejado sin casa y sin patrimonio, pero también buscan dañar, con ello, el tejido social y desarticular su organización.

Denunciaron que la autoridad viola los derechos humanos de los damnificados, como el derecho a una vivienda justa, segura y habitable, el derecho a la vida, a la salud, a la integridad física, a la seguridad jurídica, legal, así como también el acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas en los procesos de reconstrucción.

Recordaron las declaraciones clasistas e insensibles de Cravioto sobre los integrantes del colectivo de habitantes del Multifamiliar Tlalpan el pasado 19 de junio de 2020 como respuesta a una movilización que pidió su renuncia.

En ellas el funcionario público descalificó a los vecinos diciendo a un grupo de reporteros, que “hemos llenado nuestros balcones de “tiliches” en referencia a las pertenencias que logramos recuperar después del sismo y que hoy colocamos en nuestros departamentos reconstruidos o rehabilitados”, explicaron.

Incluso, sin aportar prueba alguna, acusó que los vecinos modificaron muros en sus departamentos, lo cual vuelve a poner en entredicho la seguridad de los edificios.

“Esa declaración, además de que presumimos es falsa porque no presenta pruebas al respecto y, de ser verdad, es justamente el gobierno la institución obligada a evitarla y sancionarla; además de ello no sólo intenta distraer la atención sobre lo importante y desprestigiarnos, de fondo nos revictimiza al responsabilizarnos de la tragedia que vivimos”, señalaron los integrantes del colectivo de damnificados.

“Desafortunadamente el Multifamiliar Tlalpan tiene un perfil popular distante de los más de 90 mil pesos mensuales que gana Cravioto; comprendemos que desde el privilegio y el nivel de vida que le permite ese ingreso las pertenencias de los demás lucen insignificantes”, declararon los vecinos.