Ciudad de México.- Las instituciones financieras y las empresas prestadoras de servicios han encontrado una nueva forma de notificar el adeudo y realizar su cobro, mediante mensajes de texto (SMS) a teléfonos celulares, práctica que se ha convertido en un nuevo hostigamiento contra los deudores, situación que orilló a integrantes del Congreso de la Ciudad de México a aceptar para su análisis y probable discusión, la iniciativa dirigida a prohibir el uso de información personal con fines de saldar cuentas o exigir autorización del destinatario para recibir publicidad.
El diputado de la asociación parlamentaria de Encuentro Social en el Legislativo local, Fernando Aboitiz Saro, es quien explicó a congresistas y representantes de los medios de comunicación que su propuesta, además de ir dirigida a frenar el acoso por cobranza vía telefónica, busca combatir el hostigamiento, pero con temas de excesiva publicidad de empresas proveedoras de servicios, a través de celulares o correos electrónicos personales.
Sostuvo que el Congreso capitalino puede generar iniciativas de ley y, en este caso, se abordan temas como el acoso de despachos de cobranza a consumidores para obligarlos a que paguen los créditos o servicios financieros contratados, hasta llegar al grado de hostigarlos a través de llamadas telefónicas, correspondencia o correos electrónicos con la advertencia de un posible embargo.
Aboitiz Saro fundamentó que ante las acciones de cobranza por teléfono, que llegan a incurrir en acoso y que han denunciado usuarios de servicios financieros, al igual que la excesiva publicidad y prestación de servicios, es preciso analizar entre los legisladores locales el enviar al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Se propone en la iniciativa reformar el artículo 17 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. De aprobarse por los congresistas de la Ciudad de México, se enviaría al Congreso de la Unión. La propuesta es que dicho precepto prohíba la práctica de utilizar información de los consumidores con fines de cobro a través de direcciones electrónicas, teléfonos móviles o por cualquier otro medio, así como condicionar la prestación de servicios a la autorización para recibir publicidad, cobros o cualquier otro mensaje a través de dichos medios.
El representante popular e Encuentro Social dio cuenta que, entre enero de 2007 y mayo de 2014, se registraron 188 mil 942 quejas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), en materia de gestión de cobranza indebida, de las cuales 65.1 por ciento, es decir, 122 mil 990 corresponden a actos de molestia a clientes que no son los deudores del crédito atrasado.
Resulta que el 18.5 por ciento (35 mil 93), denunció a agentes que incurren en maltrato y ofensas hacia los deudores, y el 14.1 (26 mil 447) se origina porque, a pesar de que las personas ya han pagado el crédito en cuestión, los despachos los acosan de forma reiterada.
Fue en 2014 cuando la legislación se reformó con la finalidad de regular a estos despachos para evitar violaciones y arbitrariedades que afectaran los derechos de los consumidores y usuarios. Dentro de los aspectos que se regularon destacan las llamadas telefónicas a deshoras; el demandar el pago de la deuda a menores de edad o adultos mayores; el uso de conductas agresivas y de palabras altisonantes, e incluso el amenazar con cárcel a los deudores.
Dentro de la propuesta del legislador se expone que, a los avances en la tecnología de la comunicación, le ha seguido la incursión de los mercados que utilizan este medio a fin de promoverse mediante los mensajes publicitarios. Abundan pesadas páginas con contenido publicitario que provocan la ralentización de los equipos, es decir, se reduce la velocidad.
Se genera una gran cantidad de publicidad, avisos o estrategias de mercado que redireccionar al consumidor de una a otra página; se abren nuevas ventanas de manera automática, sin el consentimiento del usuario, que llevan a ofertas de viaje, concursos, descuentos en tiendas departamentales, cambios de compañía telefónica. En suma, indica la iniciativa, utilizan indebidamente nuestros datos personales e invaden nuestra intimidad personal.
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