Luego de rechazar que sean autoridades de Ecatepec y Acolman quienes negocien la posesión de 469 hectáreas en conflicto, el presidente municipal ecatepense, Fernando Vilchis Contreras, propuso que sean los habitantes de la zona quienes decidan, a través de una consulta popular.
Vilchis Contreras reiteró que la soberanía de un municipio no puede estar sujeta a negociaciones entre autoridades, por lo que la vía más democrática para resolver el diferendo sería llevar a cabo una votación directa entre los ciudadanos del municipio para determinar si están dispuestos a ser despojados de una parte de su territorio.
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El alcalde volvió a rechazar la sugerencia que hicieron algunos diputados locales sobre una posible negociación entre los gobiernos de Ecatepec y Acolman para definir la pertenencia de 469 hectáreas que se encuentran en la zona limítrofe entre ambas localidades.
"La soberanía de un municipio no es algo que se pueda negociar entre servidores públicos, porque se trata del patrimonio histórico y territorial de la gente y de los pueblos, por eso me parece algo absurdo e irresponsable lo que proponen algunos diputados", señaló.
El alcalde propuso que sean los habitantes de Ecatepec, por medio de una consulta popular, los que determinen si aceptan ceder el territorio donde se encuentran asentadas colonias Laguna de Chiconautla, Prados San Juan, Lázaro Cárdenas, Ampliación Lázaro Cárdenas y Pirules.
"En este caso ya hablaron los diputados, ya habló el presidente municipal, considero que ahora deben hablar los ciudadanos, quienes son los directamente involucrados en el tema y por lo tanto se debe escuchar su voz", puntualizó Vilchis Contreras.
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Se estima que en las colonias asentadas en las 469 hectáreas en disputa viven cerca de 29 mil habitantes, a los cuales el gobierno de Ecatepec ha beneficiado con programas sociales y servicios públicos desde hace muchos años.
El presidente municipal de Ecatepec afirmó que dichos terrenos siempre han pertenecido a su municipio, como lo demuestran documentos históricos que se presentaron ante la Comisión de Límites Territoriales del Congreso estatal.
Agregó que durante el periodo probatorio se ofrecieron y desahogaron las pruebas necesarias, en las que el área jurídica del ayuntamiento exhibió documentos relacionados con los servicios prestados a la habitantes de las comunidades asentadas en la zona en disputa y que consisten en testimonios vecinales, un estudio social demográfico y de identidad realizado por la Universidad Autónoma Metropolitana, además de documentos históricos.
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