Ciudad de México.- Al retomar las actividades de medición, factoraje y cobro de agua potable que desde 2004 habían estado en manos de empresas privadas, el gobierno de la Ciudad de México deberá poner mucha atención para prevenir actos de corrupción y tráfico de influencias en las instancias responsables de este nuevo ciclo, alertó Delia Montero Contreras, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Las tareas que asumirán el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) y la Tesorería pueden correr con la misma suerte si desde el inicio no se establecen mecanismos de transparencia y rendición de cuentas o no se pone al frente a las personas adecuadas o fuera de todo compromiso político.
En opinión de la especialista, si la administración capitalina quiere tener éxito en un ramo estratégico que requiere de mucha atención, sobre todo cuando muchos hogares carecen de agua en forma regular, debe empezar a cambiar ciertos hábitos incrustados en el ámbito público, pues las compañías privadas lograron resultados significativos en varias funciones acordadas desde 2004, durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador y prorrogadas en 2009.
Sobre todo ahora, cuando estas dos instituciones desempeñarán las acciones que venían realizando empresas transnacionales especializadas –Suez Sociedad General de Aguas de Barcelona y Vivendi Universal, entre otras– “líderes mundiales en materia tecnológica en segmentos de distribución y saneamiento a través de procesos sofisticados de nanotecnología, potabilización, sistema de cobro y factoraje”, destacó la doctora Montero Contreras.
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Estimó que el reto no será sólo en términos de lo que se ofrecerá, sino en especial por el riesgo de otorgar cargos públicos a personal descalificado, entre otras prácticas que tanto daño han ocasionado a las instituciones.
La idea es no brindar puestos a los amigos ni atender a la meritocracia para no retrasar la eficiencia de la prestación ni generar “costos de aprendizaje muy altos, con externalidades sociales negativas que se han traducido en el mal servicio”.
En el artículo “Los retos de terminar las concesiones de servicios de agua en la Ciudad de México. Instituciones a prueba”, afirma que es de celebrar que todas esas labores sean abordadas otra vez, en particular porque representan un ahorro por el pago de un servicio a corporaciones que bien podría ser utilizado en la implementación de otras funciones dentro del sector hidráulico local, que por cierto está bastante necesitado.
En este panorama resulta indispensable que la transferencia de lo privado a lo público esté bien apuntalada, de lo contrario, conociendo cómo operan “nuestras instancias y de acuerdo con la experiencia histórica”, se podría anticipar una conducción poco eficiente, por lo que el esquema debe estar blindado desde el comienzo.
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