La Red por los Derechos de la Infancia en México (#REDIM) elogió la convocatoria a un segundo periodo extraordinario de sesiones aprobado por el Congreso de la Unión, para discutir el elretiro de la protección que goza el diputado Benjamín Saúl Huerta, a través de un procedimiento de desafuero, por estar acusado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) del delito de abuso sexual contra un adolescente de 15 años de edad.
Pues señaló que el abuso sexual infantil además de ser un delito grave, es un problema creciente en México; cada año, más de 4 millones y medio de niñas y niños son víctimas de abuso sexual en el país, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el primer lugar mundial en estos delitos.
La organización de la sociedad civil recordó que Huerta fue detenido el pasado 21 de abril por elementos de la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) cuando el adolescente lo denunció por intentar abusar de él en un hotel de la Ciudad de México.
Sin embargo, a las pocas horas fue puesto en libertad por la fiscalía sin que se pudiera seguir la investigación correspondiente, debido a que Huerta cuenta con fuero legislativo.
Tania Ramírez Hernández, Directora Ejecutiva de la Red por los derechos de la infancia en México, #REDIM, reiteró su posición en los dos oficios enviados el pasado 2 agosto a la Cámara de Diputados y al Senado, en los que exige a las autoridades del poder legislativo no sólo llamar de manera inmediata a un periodo extraordinario para resolver este tema con urgencia, sino también a dar un paso al frente para vencer la impunidad y hacer justicia a las víctimas de violencia sexual.
Para dar cumplimiento a la Constitución y a los Tratados internacionales en materia de derechos de las infancias que han sido suscritos y ratificados por el estado mexicano.
Subrayó que el caso ha revelado un patrón sistemático de abusos cometidos con anterioridad por el diputado Huerta, tal como se ha denunciado en prensa.
En este escenario, el fuero del diputado Huerta ha sido un impedimento para continuar con el procedimiento que se le sigue y garantizar el derecho a la protección que debe tener la víctima, así como el acceso a la justicia.
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La activista manifestó que cada día que pasa representa no solo la impunidad que afecta a las víctimas de abuso sexual en el país.
Refirió que este caso, también es una clara muestra de abuso de poder, además de causar un daño psicológico y continuo para las víctimas y sus familiares, quienes esperan que sean las instituciones las que den el ejemplo.
El frenar una investigación en este tema es una manera de mostrar impunidad, además de que estas acciones son contrarias a lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y a la Ley General de Los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, principalmente en lo referente al derecho a una vida libre de violencia.
La sociedad civil destacó, externa su preocupación por la situación, ya que esto refleja una evidente desprotección a las infancias en el país y resaltamos la gravedad de que una autoridad, un servidor público encargado de proteger los derechos haya posiblemente abusado sexualmente de un menor de edad y posteriormente, utilizado su fuero para obstruir la justicia.
De ahí que llamaron a los representantes del poder legislativo a desistir de seguir dilatando un procedimiento que se ha visto afectado por luchas y negociaciones políticas.
Exigen que además de priorizar el interés superior de la niñez en la discusión, contribuyan a evitar la impunidad y a que haya acceso a la justicia para las víctimas de abuso sexual, en especial adolescentes.
Sería un terrible precedente para el poder legislativo y sus representantes en este periodo, pero también para las instituciones mexicanas que se ignoren estos delitos por parte de quienes se escudan de su cargo para cometerlos.
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