Los operadores de grúas particulares adscritas a los más de 100 corralones que existen en el Estado de México y los dueños de estos depósitos vehiculares operan con total anarquía, mediante prácticas constitutivas de abuso, extorsión y robo de autopartes, sin que ninguna autoridad les ponga freno.

Lo anterior quedó de manifiesto por diputados de todas las fracciones representadas en el Congreso del Estado de México, quienes se pronunciaron por desbaratar estas organizaciones a las que consideraron como auténticas mafias que operan en completa impunidad, bajo la complacencia de autoridades de la entidad.

Subrayaron que solo de arrastre los “gruyeros” reportan a los dueños de corralones que fue mucho el tramo recorrido para llegar al depósito vehicular y únicamente por ese hecho, los dueños de automóviles deben pagar de 20 a 30 mil pesos por arrastre.

Tras advertir que buscarán llevar al pleno los resolutivos de dos iniciativas encaminadas a regular estos “servicios”, los legisladores indicaron que las empresas que operan los corralones y las grúas aprovechan los vacíos jurídicos existentes en materia de movilidad y de responsabilidades sobre accidentes de tránsito.

Manifestaron que la intención de terminar con estos abusos y revisar todos los rubros que están sueltos como la falta de control de los vehículos, la carencia de infraestructura, la nula transparencia y hasta los robos de autopartes en los corralones.

SEVERO PROBLEMA LEGAL

Los integrantes de las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, en coordinación con los diputados que conforman la comisión de Planeación y Gasto Público, lo mismo que la de Finanzas Públicas, coincidieron en advertir que se trata de un problema severo de legalidad, que lleva años operando en el Estado de México, donde los abusos y las extorsiones por parte de los dueños de corralones están a la orden del día.

En este tema, de manera inusual, las bancadas de la Cámara de Diputados del Estado de México: PAN, PRD, PRI, Morena, PVEM. Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y PT cerraron filas en torno a las iniciativas que buscarán regular la operación de gruyeros y corralones en la entidad.

Al respecto, el presidente de la comisión de Comunicaciones, Nazario Gutiérrez Martínez, afirmó que esta es una exigencia social “porque en la entidad hay cerca de 100 corralones y de ellos sólo 10 por ciento operan con concesión actualizada, por lo que darán celeridad al tema”.

Una de las iniciativas fue presentada por la fracción de Morena y otra por el grupo parlamentario de Acción Nacional. Para discutir este asunto se dieron cita más de 20 diputados, siendo los presidentes de comisiones los que más expresiones de repudio hicieron frente a la anarquía en la que operan las grúas y los corralones.

De los puntos más destacados de cada uno de los proyectos legislativos en la materia sobresalen, por el lado de Morena, la intención de regular las tarifas de los servicios de arrastre, salvamento, guardia, custodia y depósito de vehículos, regularizar el servicio, garantizar transparencia en el manejo de los recursos, el análisis de otorgamiento y revocación de las concesiones.

En lo que hace a la iniciativa del PAN destacan tres objetivos: regular costos de maniobras de grúas, la exención de pago en el arrastre por parte de los conductores que no sean responsables de faltas o delitos y colocar cámaras en cada una de las grúas.

UNÁNIME RESPALDO LEGISLATIVO

Al respaldar las iniciativas, el legislador Jesús Moreno Mercado del PRI explicó que en diciembre hubo dos choferes de transporte público asesinados por no pagar extorsión, la camioneta de las víctimas fue remolcada al corralón en Zumpango y ahí les pidieron más de 20 mil pesos por el arrastre a sus familiares.

Detalló otro caso relacionado con una máquina excavadora que lleva cinco meses en corralón, y a los propietarios les están exigiendo 172 mil pesos, mientras que a la viuda de un chofer de taxi asesinado en Nicolás Romero, le pidieron un pago de 37 mil pesos por sacar el vehículo para que su hijo lo trabaje, cuando el valor total de la unidad es de 70 mil pesos.

Nazario Gutiérrez explicó que “se trata de iniciativas con toda la apertura para fortalecer y mejorar por la importancia del resultado, tengan por seguro que donde caminamos nos encontramos a vecinos que padecen el viacrucis al caer en las manos de un concesionario”.

Agregó que el proyecto de Morena establece diversas reformas a la Ley Orgánica Municipal, Ley de Movilidad del Estado de México, al Código Administrativo del Estado de México y al Código Financiero del Estado de México y sus Municipios.

Insistió en que el proyecto busca la regularización de este servicio acorde a tarifas aprobadas en el Código Financiero, el marco geográfico de actuación de los concesionarios, la transparencia en el manejo de sistemas de ingreso de los automotores a los depósitos, así como el análisis del otorgamiento, operación y revocación de las concesiones otorgadas para este servicio.

ESFUERZOS INFRUCTUOSOS

Desde hace tres años, autoridades del gobierno estatal se comprometieron a regular el servicio de las grúas, mediante la firma de un convenio entre la Secretaría de Movilidad y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.

En mayo de 2019, el entonces titular de la dependencia, Raymundo Martínez Carbajal, actual alcalde de Toluca, signó un acuerdo para el diseño, operación y mantenimiento del Tabulador de Grúas, con lo que se buscaba desde entonces poner orden el servicio de arrastre, salvamento y depósito de vehículos.

Martínez Carbajal indicó que uno de los propósitos fundamentales era convertir la jerarquía de la movilidad en política pública, sustentados en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, por lo que la firma del convenio con AMIS, representa una de las acciones progresivas que impactarán positivamente en la ciudadanía.

En ese entonces, explicó que dicho convenio buscaba contar con cobros justos y evitar abusos en el servicio de arrastre y salvamento vehicular.

Raymundo Martínez Carbajal destacó también la necesidad de generar consensos e involucrar a todos los participantes en el servicio, para que todos formaran parte de la solución a la problemática y que ellos mismos, contribuyeran a dignificar su tarea.

Sobre esto, María de los Ángeles Yáñez Acosta, quien firmó en su calidad de directora ejecutiva de Líneas de Negocios, Riesgos y Desarrollo de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), expresó su reconocimiento al gobierno estatal por la firma de este convenio.

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Dijo que con esa firma se creaba el Tabulador de Grúas y se posicionaba al Estado de México a la vanguardia, mientras que las aseguradoras podrán tener un mejor control por el cobro de los servicios que prestan los vehículos de arrastre.

Incluso en aquella ocasión, el Director General del Centro de Experimentación y Seguridad Vial México (CESVI), Ángel Martínez Álvarez, destacó la importancia para que el servicio concesionado de grúas en el Estado de México estuviera debidamente supervisado y operado bajo un modelo de calidad, con el fin de que generara confianza entre la ciudadanía.

Sobre el convenio signado, el Vocal Ejecutivo del Instituto del Transporte del Estado de México, Jorge Cruz Martínez, recalcó en esa ocasión que los servicios que se incluían en el Tabulador de Grúas observaban la normatividad adecuada para prestar un servicio eficiente y con tarifas debidamente reguladas.

Sin embargo, al paso del tiempo todo esto quedó en letra muerta, dados los abusos que se registran en el sector y donde ninguna autoridad, municipal o estatal, ha tomado cartas en el asunto.

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